¿Qué pasará con las lujosas construcciones de El Bagazal en los Cerros Orientales?

2 marzo, 2016 |
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Desde el año pasado se ha venido hablando de las lujosas construcciones que han aparecido en el sector de El Bagazal en la localidad de Chapinero, en lo que antes solía ser bosque espeso de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales de Bogotá. A pesar de las denuncias reiteradas de la ciudadanía y de que las autoridades han tomado algunas medidas para detener las construcciones, a principio de este año parte del cauce de la quebrada Rosales se secó como consecuencia de la desviación de sus aguas para construir un lago artificial. Mientras tanto el cemento y los ladrillos continúan su curso montaña adentro.

La organización ciudadana que más ha denunciado el tema es “Amigos de la Montaña”, que se define como una comunidad de ciudadanos y caminantes de los Cerros Orientales, que tuvo su origen en la cuenca de la quebrada La Vieja, en la mencionada localidad. Quizás la situación más difícil que hasta ahora han enfrentado es el avance de las construcciones en el sector de El Bagazal, sin que se haya logrado una actuación contundente de las distintas entidades y autoridades con responsabilidad para detener las obras.  

En efecto, en menos de dos años, por lo menos cinco mansiones abrieron una cicatriz detrás del Metropolitan Club, una zona que es suelo rural y de protección ambiental. Cualquier ciudadano que consulte el mapa de precisión del perímetro urbano, elaborado en 2015 por la Secretaría Distrital de Planeación y sustentado por la Resolución 228 de 2015, puede verificarlo. Y ser suelo de protección y Reserva Forestal Protectora Nacional, según la Ley 388 de 1997, significa que tiene restringida la posibilidad de urbanizar.

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Según datos del portal metrocuadrado.com, El Bagazal es el barrio con precios de suelo más altos que tiene Bogotá. En promedio, un metro cuadrado allí puede costar alrededor de $6.047.136 y el valor de un apartamento como los que promociona el mismo portal puede superar los $4.500.000.000, con lo que el dueño podría recibir un arriendo mensual de $13.000.000. Es decir, aquí estamos hablando de la mina de oro de unos pocos a costa de una zona de Reserva.

El pasado 9 de febrero Amigos de la Montaña convocó un plantón frente a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a la que asistieron más de 30 organizaciones ambientales bajo el lema Firme por los Cerros, para reclamar medidas contra estas construcciones, y ante todo para que esta entidad, como administradora de la Reserva, ejerza las competencias que le asigna la Ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

amigos de la montaña

Amigos de la Montaña” han venido perfilando una forma de acción ciudadana muy particular, donde abordan primero que todo el objetivo de cambiar la mirada de las entidades públicas y los ciudadanos sobre los Cerros y más que un estilo de confrontación, buscan ofrecer su apoyo para que todos cumplan su rol y competencias. Foto: Amigos de la Montaña.

Son muchas las normas vigentes para proteger los Cerros, y a ellas se suma el fallo del Consejo de Estado que en 2013 amparó el derecho colectivo al medio ambiente y ordenó la protección de la Reserva. Sin embargo, las autoridades competentes dicen estar maniatadas ante el desacato de los dueños y residentes de estas construcciones de lujo, que parecen refugiarse en la estrategia de dilatar los procesos. La respuesta de las autoridades, en muchos casos, es que no pueden hacer nada y que el respeto al debido proceso las obliga a adelantar muchas diligencias y a ampliar los plazos de los procedimientos.

Algunos representantes del movimiento Firme por los Cerros lograron reunirse el día del plantón con el recién nombrado director de la CAR, Néstor Guillermo Franco González, quién trasladó a otras entidades la responsabilidad. Fue incisivo al mencionar que “la Corporación, en el ámbito de sus competencias, ha sido diligente en los cinco expedientes y hemos carecido, lo digo abiertamente, en el pasado y en el presente, del apoyo del Distrito Capital para hacer efectivas las medidas preventivas que hemos impuesto”.

 

¿Competencias o incompetencia?

Sobre el caso particular de El Bagazal, la Directora Regional Bogotá-La Calera de la CAR, Laura Duque Romero, explicó que en el año 2014, la CAR abrió un primer proceso sancionatorio por aprovechamiento forestal contra la Comercializadora Kaysser C.K. SAS, dueña de uno de los predios,  en donde se ubican dos construcciones. La Directora Regional del momento, según explicó Duque, fue testigo de la tala indiscriminada de cerca de 2.000 árboles, por lo que la entidad inició un proceso que aún se encuentra en etapa probatoria.

Es entonces cuando aparecen las casas. Para finales de ese mismo año, la Alcaldía Local de Chapinero tuvo por primera vez conocimiento de las construcciones ilegales en El Bagazal. Según Mónica Fernanda Gutiérrez Pinzón, abogada del grupo de apoyo de Cerros Orientales de este Despacho, el 5 de enero de 2015 se realizó una primera visita de inspección al lugar, que culminó en el primer operativo de sellamiento de los predios de El Bagazal el 6 de marzo de ese mismo año.

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“No obstante, en otra visita que hicimos en atención a otra queja, evidenciamos que había alguien que estaba avisando que nosotros íbamos” Mónica Gutiérrez, abogada del grupo de apoyo a los Cerros Orientales.  Foto: Amigos de la Montaña.

“Se selló la obra. Se supone que cuando nosotros entramos no hay construcción, está parada”, explica Gutiérrez, “No obstante, en otra visita que hicimos en atención a otra queja, evidenciamos que había alguien que estaba avisando que nosotros íbamos. Parece ser el celador. Cuando nosotros nos aproximábamos al predio, a los obreros los desviaban bosque arriba. Entonces, cuando entramos no hay nadie trabajando, la maquinaria está parada. El control se sale ya de nuestras manos. Hacemos operativos continuos pero si no paran las obras, no tenemos un mecanismo fuerte para poder hacerlo”.

Según explica Gutiérrez, en agosto del 2015 se hizo un operativo en conjunto de la Alcaldía Local, encargada de suspender obras sin licencia de construcción o demolición; la CAR y la Secretaría Distrital de Medio Ambiente. Esta última entidad, dice ella, sólo tomó coordenadas y se retiró del lugar “por carecer de competencias para tramitar algún asunto, porque ese perímetro es de competencia de la CAR”.  Ese día, asegura Gutiérrez, evidenciaron que dos de los sellos habían sido levantados y las obras habían continuado. En esa ocasión, según cuenta, la CAR sólo levantó unas actas y se retiró.

Sin embargo, Laura Duque de la CAR aseguró en la reunión con las organizaciones ciudadanas que en agosto del año pasado, esa Corporación abrió otro expediente sancionatorio contra la Comercializadora Kaysser, porque ese día sí se había encontrado en flagrancia a un grupo de obreros que estaban trabajando cuando llegaron. “Allá nos abre siempre la puerta una señora que se llama Juanita Barreneche, que es la arquitecta”, cuenta Duque, “nos dijeron que tenían licencia de construcción expedida por la curaduría no sé qué y que la tienen en la oficina. Cierran la puerta y no nos la vuelven a abrir en todo el día. Nos quedamos allá toda la mañana esperando la licencia de construcción. Claramente no la tienen”.

Ese día Duque tuvo una discusión con la funcionaria de la Alcaldía Local de Chapinero: “Pretendía que nosotros capturáramos a los obreros, pero la CAR no puede capturar a nadie, no tiene esa facultad. Ella decía que sí, que nosotros éramos autoridad ambiental, que los podíamos capturar y poner a disposición de la Fiscalía. Se impuso la medida preventiva, se inició el proceso sancionatorio, hemos volado con ese proceso sancionatorio como nunca. De agosto a acá está en etapa probatoria”. La Alcaldía Local asegura que días después, también en agosto, reafirmó las medidas de sellamiento que habían sido retiradas.

Terminó el 2015 en El Bagazal, a punta de calcomanías que las autoridades colocaban,  mientras los dueños de los predios los retiraban sin reparar siquiera en la advertencia: “Este SELLO solamente se puede levantar por orden de autoridad competente”. ¿Quién debía tomar medidas más fuertes para evitar un mayor daño del que ya estaba causado?

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A principio de este año parte del cauce de la quebrada Rosales se secó como consecuencia de la desviación de sus aguas para construir un lago artificial. Foto: Amigos de la Montaña.

Según el director de la CAR, Néstor Franco, la Policía de Bogotá, que estaba a cargo de hacer respetar las medidas preventivas de los sellos, no cumplió. “El Alcalde Local tiene enorme responsabilidad. Para hablar clarito, el Alcalde Local es responsable por delegación, y el Alcalde Mayor es responsable como delegante, de hacer cumplir las medidas policivas que hagan efectivas las medidas preventivas que impusimos nosotros”, dijo durante la reunión con la comisión de Firmes por los Cerros.

La abogada de la Alcaldía de Chapinero argumenta, por su parte, que el encargado del control policivo en El Bagazal es el CAI Rosales, que envía un reporte semanal a la Alcaldía Local en el que se da cuenta que las obras no paran. La policía ha hecho presencia en el lugar, según explica Gutiérrez, quien cuenta que durante una de las audiencias de verificación de cumplimiento del fallo del Consejo de Estado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la policía expuso que “habían fijado un punto móvil a la entrada del predio El Bagazal, pero los particulares emprendieron una serie de acciones legales contra ellos por haber instalado un punto fijo, prácticamente un CAI, al interior de su predio. Se le explicó entonces al Magistrado toda la complejidad del caso y que no teníamos una herramienta fuerte para la efectiva suspensión de la obra”.

La pelota regresa entonces a la CAR, pues según la abogada de la Alcaldía Local de Chapinero, “las facultades de detención de maquinaria cuando se evidencia comisión de delitos ambientales la tiene la CAR, en virtud de la Ley 1333 de 2009. La CAR puede aprehender la maquinaria que encuentre en el lugar donde hay infracciones. En eso siempre he sido enfática y así se lo expuse al Magistrado en la audiencia”.

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Daños y responsables más visibles

Además de la tala de árboles y la remoción de la cobertura vegetal, según la Secretaría de Ambiente los principales daños son la posible pérdida de la capacidad hidráulica de la quebrada Rosales y la disminución de su caudal por ocupación de su cauce y creación de un lago artificial; la afectación del agua subterránea por endurecimiento del suelo y disminución de la permeabilidad, además de la degradación del paisaje rural (vea 1 y 2).

En octubre de 2015 la Secretaría Distrital de Ambiente expidió las resoluciones 2013 y 2014 donde, en razón de los daños ambientales provocados por las construcciones de El Bagazal impone “medidas preventivas a prevención” contra el señor Alfonso Mattos Barrero, poseedor del lote 2 (El Sauce), y contra la Comercializadora Kaysser C.K. S.A.S. –representada por el señor Jaime Ernesto Gil Corredor– propietaria del lote 11 (El Bambú), en el que hay dos construcciones según lo que pudo determinar la Secretaría.

A pesar de estas medidas, el 16 de diciembre de 2015, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría de Ambiente, mediante un oficio, pone en conocimiento de la CAR y de la Alcaldía Local de Chapinero la persistencia de las actividades de construcción tanto en el lote El Bambú como en El Sauce, y les adjunta copia de fotografías y videos “para su conocimiento y fines pertinentes” que demuestran el constante paso de volquetas y maquinaria pesada hacia El Bagazal, a pesar de las medidas preventivas impuestas desde marzo.

El bagazal imagina Bogotá

A pesar de estas medidas, el 16 de diciembre de 2015, la Secretaría de Ambiente, pone en conocimiento la persistencia de las actividades de construcción tanto en el lote El Bambú como en El Sauce, que demuestran el constante paso de volquetas y maquinaria pesada hacia El Bagazal, a pesar de las medidas preventivas impuestas desde marzo.

La CAR envió cinco expedientes a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá en noviembre de 2015, donde se constata que ya tenían conocimiento de ambos lotes, de propiedad de  la Comercializadora Kaysser y del señor Alfonso Mattos. A pesar de la comunicación enviada por la Subdirección, la Alcaldía Local de Chapinero dice conocer el caso del lote El Bambú, pero no del lote El Sauce, propiedad de Mattos. “Nosotros no tenemos nada contra ese señor”, expresó la abogada de la Alcaldía Local de Chapinero. “No tenemos esa información, a nosotros no nos remitieron eso. En efecto nos toca hacer una visita y mirar si en ese lote hay o no afectación por obras, que es nuestro fin misional”.

En El Bagazal hay cerca de 11 lotes según los registros catastrales que existen de la zona. También se dice que hay casas ya construidas y habitadas. Sin embargo, pocos nombres de propietarios o casas constructoras han salido a la luz pública. Entre ellos se encuentra el excongresista Alfonso Mattos Barrero, quien se quemó en las pasadas elecciones al Congreso en las que participó como candidato al Senado por el partido Cambio Radical.

Mattos ya había sido investigado por infracciones ambientales en el año 2002, concretamente por una cantera de materiales de construcción en la Calle 167, al norte de Bogotá, perteneciente a la empresa KADAS S.A., de la cual era representante legal. Durante ese año, el entonces Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente –DAMA– dictó una resolución para el cierre definitivo de explotación minera porque el predio se encontraba por fuera de las zonas compatibles con actividad minera. En ese entonces, el Dama también le exigió a la firma KADAS S.A. aplicar el Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental en la cantera. Como la empresa no respondió a las medidas, en 2006 se ordenó nuevamente suspender la actividad minera.

Para 2012, dos tercios de la cantera fueron ocupados por el Proyecto Urbanístico Bosques de Soratama sin que se adelantaran en su totalidad las obras y programas establecidos por el Plan de Manejo y Recuperación Ambiental (PMRA), lo que generó condiciones de amenaza por remoción en masa. El mal manejo del predio llevó a que el proyecto Bosques de Soratama se encontrara en amenaza por remoción de tierra. Además, la falta de implementación del Plan provocó un fuerte impacto sobre la calidad del agua de la quebrada Soratama, pérdida de diversidad en la flora por especies introducidas, “pérdida de conectividad ecológica y la disminución del flujo genético de las especies hacia los Cerros Orientales” y favoreció la posibilidad de incendios forestales por la presencia de especies como el retamo espinoso y liso.

 

Un caso particular

El último actor conocido en esta historia es el Grupo de Inversiones Imaco, propietario del lote 3ª (El Arravan), sobre el que La Alcaldía Local de Chapinero había impuesto el sellamiento por no contar con licencias de demolición en marzo de 2015.

El bagazal imagina Bogotá

Los terrenos que rodean el Metropolitan Club están llenos de advertencias de propiedad privada.

La abogada de la Alcaldía Local de Chapinero, Mónica Gutiérrez, explica que el caso del Arravan es particular porque los dueños han argumentado que la casa existía antes del fallo del Consejo de Estado de 2013  con base en licencias de construcción muy antiguas, cuando las otorgaban las Corporaciones Autónomas Regionales. “Está probado dentro del proceso que la casa estaba construida desde antes y por eso se hace el levantamiento de la medida. La casa, según escritura pública, data de una construcción del año 91, cuando no existía la ley 388 del 97 ni la 810 de 2003. La ley no es retroactiva”. Por tanto, no se trataría de una construcción ilegal, ya que supuestamente se encontraría dentro de la excepción de derechos adquiridos que reconoció el Fallo del Consejo de Estado.  

Sin embargo, el sello impuesto en marzo no era precisamente por construir sin licencia, sino por demoler sin ella. Según cuenta Edmundo López, uno de los organizadores de Firme por los Cerros y miembro del periódico El Chapín: “Ellos (Imaco) presentaron una solicitud a la Alcaldía, reclamando que se les había violado el derecho al debido proceso. Que se tenía que adelantar un procedimiento administrativo donde se pudieran defender y presentar pruebas”. Eso no es cierto, porque lo que hizo la Alcaldía y las otras entidades con los sellos fue imponer unas medidas de prevención, para impedir un riesgo o daño a la ciudadanía”.

El 15 de diciembre de 2015, mediante el auto 89, la Alcaldía Local decide levantar la medida correctiva de suspensión de obras, porque el grupo Imaco supuestamente presentó pruebas de que las obras adelantadas en el predio eran reparaciones de carácter locativo, adjuntando informes técnicos y registros fotográficos de las reparaciones y alegó que en ese caso no era necesaria una licencia de demolición. Imaco también explicó que las reparaciones se estaban haciendo para amparar los derechos constitucionales fundamentales “a la salud en conexidad con la vida y vivienda digna” de un “sujeto de especial protección constitucional”, en este caso de la señora Nur Amalia Patiño de ochenta años, supuesta residente de la casa y madre del propietario.

Imaco, sin embargo, no desvirtúo las pruebas de las demoliciones con las que cuenta la Alcaldía de Chapinero y que se sustentan en material fotográfico. Por eso no queda claro por qué se levantó la medida preventiva, decisión que trajo como consecuencia facilitar el ingreso de materiales al terreno. Como si esto fuera poco, han pasado más de dos meses desde entonces y la Alcaldía Local no ha hecho una verificación de los argumentos del propietario, dice estar a la espera de que  le permitan el  ingreso a la vivienda y poder realizar una visita técnica. Por su parte, la CAR mantiene un expediente sancionatorio abierto contra el Arravan, que no parece avanzar mucho.

Hasta ahora, los registros de los daños ambientales y la respuesta institucional más fuerte parece venir de la Secretaría Distrital de Ambiente. Según cuenta Andrés Plazas, de la organización “Amigos de la Montaña”,  el año pasado esa Secretaría realizó sellamientos preventivos y el actual Secretario de Ambiente Francisco Cruz, le expresó que desde la Alcaldía Mayor estaban al  tanto del tema del Bagazal y había orden expresa de actuar con diligencia para no entorpecer los procesos. Incluso, la semana pasada el Secretario de Ambiente hizo llegar a la Fiscalía una solicitud para priorizar una orden de allanamiento al sector de El Bagazal por presuntas conductas de invasión de áreas de importancia ecológica y por los daños ambientales que han causado las construcciones.

 

¿Qué se puede esperar?

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Construcción ilegal dentro de la reserva forestal protectora de los cerros orientales. Foto: Amigos de la Montaña.

La Fiscalía tiene ahora la pelota para enfrentar lo que ocurre en El Bagazal, pero los camiones continúan entrando a la montaña  donde los ciudadanos no pueden pasar más allá de la entrada del conjunto residencial Bosques de Rosales, que sirve de coartada y convierte esta zona de la reserva en propiedad privada.

Así los Cerros Orientales han estado y seguirán sometidos a fuertes presiones por ser construidos y, por ahora, la mayor persistencia para evitarlo proviene de organizaciones ciudadanas ya que es evidente que las autoridades municipales resultan débiles en muchos casos para enfrentar poderosos intereses inmobiliarios.

Una vecina del sector expresó que de un tiempo a la fecha no es posible caminar por las montañas como solían hacerlo los vecinos del sector, pues los terrenos que rodean el Metropolitan Club están llenos de advertencias de propiedad privada y los ocupantes de los lotes dicen no responder por cualquier accidente con los perros sueltos. Por ahora, todo apunta a que las mansiones de El Bagazal continuarán en pie por cuenta del debido y dilatado proceso.

 

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Posdata

Conflictos como estos, de ocupación y construcción ilegal de áreas protegidas,  se verifican en muchos lugares del mundo. Son conocidas las dificultades de las acciones contra la construcción de hoteles en la Costa del Sol en España o en Costa Rica, justamente por su riqueza en valores ambientales y paisaje, la ocupación de estas zonas se vuelve muy apetecida.

 

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En Mijas (Málaga) hay 8.000 construcciones irregulares. / Julián Rojas EL PAIS

 

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“España tiene más de 8.000 km de costa y son numerosos los casos de destrucción. El hotel ilegal de la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) es un caso especialmente grave, uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral” Fuente: Greenpeace

El Editor

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