Preocupación por el futuro del derecho al aborto en Bogotá

24 mayo, 2016 |
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Por Juan Sebastian Jiménez – Mayo 23 de 2016

“Que no se acaben los Centros Amigables”, piden, entre otros, la Fundación Oriéntame

Aunque la Secretaría de Salud ha dicho que va a fortalecer los Centros para la interrupción voluntaria del embarazo, estos no son mencionados en el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa y se encuentran actualmente suspendidos

Este mes se celebraron 10 años de la sentencia C-355 de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, cuando este es producto de una violación o cuando hay riesgo para la vida de la madre o del feto. Hubo varios eventos para conmemorar tan importante fecha. Y, por parte de la Alcaldía de Bogotá, se emitió un comunicado en el que esa entidad resaltó que la capital “es una de las ciudades que ha generado mayores garantías” para las mujeres.

El documento la Alcaldía hizo referencia, sobre todo, a los Centros Amigables de Servicios Amigables en salud sexual y reproductiva para mujeres de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, creados durante la administración de Gustavo Petro, para apoyar a las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo, bajo las tres causales establecidas por la Corte. “Mediante este programa se han realizado más de 1.400 consultas y 989 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red pública hospitalaria de Bogotá, durante los tres últimos años. En 2015, esta cifra ascendió a 755 consultas. Se atendieron mujeres tanto de régimen contributivo como subsidiado”, destacó la Alcaldía al respecto.

No obstante, mientras que en este comunicado son protagonistas, en el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa estos Centros no son mencionados ni siquiera una vez. En el documento de 536 páginas, que es discutido actualmente por el Concejo de Bogotá, apenas se hace mención a algunas medidas para enfrentar el embarazo adolescente.

Se plantea, por ejemplo, “la promoción del ejercicio de los derechos sexuales de hombres y mujeres adolescentes con el fin de reducir los índices de embarazo a temprana edad. Todo esto abordado desde el enfoque diferencial y de género”. Con un presupuesto, en 2016, de $1.094 millones. En este se establecen como metas el reducir en 2% el embarazo adolescente, teniendo en cuenta que, en 2014, el porcentaje de menores embarazadas en Bogotá era cercano al 16.5%. De la misma forma, se plantea como objetivo “aumentar en 2 años la mediana de edad en la que las mujeres tienen su primer hijo, mediana que a 2013 está en 22 años”. Pero, de nuevo, no se hace mención ni de los Centros Amigables ni de una política en particular para la interrupción voluntaria del embarazo.

Esto ha generado preocupación en varios sectores que consideran que sería un error acabar con los Centros Amigables, creados en 2012, para asumir, de forma humana, la tarea de permitirles a las mujeres acceder a la posibilidad de interrumpir voluntariamente sus embarazos, al encontrarse bajo una de las tres causales señalada por la Corte.

“Los Centros de Servicios Amigables en Salud Sexual y Salud Reproductiva para las mujeres buscan atender y canalizar a las personas que necesiten orientación, información, asesoría oportuna, veraz y con calidad sobre su sexualidad, e iniciar las acciones de protección temprana y detección específica de las enfermedades relacionadas, en todos los centros de salud de la red hospitalaria. La ciudad le apuesta a los derechos humanos de las mujeres en cumplimiento de los mandatos constitucionales y jurisprudencia relacionada con su sexualidad placentera y autónoma”, sostuvo la Secretaría de Salud, en un comunicado de finales de 2012.

El surgimiento de los Centros Amigables

“Nosotros lo que analizamos en su momento es que teníamos unas órdenes de tipo constitucional, unas orientaciones por parte de organismos multilaterales, como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Y tomamos la decisión de crear los Servicios Amigables para la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres, una herramienta que abría un camino para eliminar barreras” dijo en entrevista con este medio, el exdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud,  Jaime Urrego.

Foto: Secretaria de Salud

Foto: Secretaria de Salud

Así mismo, sostuvo que “el nombre no es un eufemismo, ni una máscara para hacer abortos”, como lo han dicho, entre otros, el concejal Marco Fidel Ramírez, quien se ha opuesto sistemáticamente al derecho al aborto. En cambio, se trató, según Urrego, de un programa “integral de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres (…) Los servicios buscaban eso: que el sector público cumpliera con las órdenes constitucionales y entendiera cuáles son las dificultades que tienen las mujeres”.

Dijo que es por ello que se llaman Amigables: porque tratan de generar, en medio de las dificultades, “un escenario cálido, con acogida, en el marco de los derechos, no para promover el aborto, sino para proteger las mujeres. Entonces se creó el primer Centro en Suba. Luego hicimos otro en el Hospital Jorge Eliécer Gaitán; luego otro en Rafael Uribe Uribe. Y, por último, uno itinerante. Para un total de cuatro”.

Martha Sánchez, exsecretaria de la Mujer, en el gobierno de Bogotá Humana sostuvo, de la misma forma, que antes de echar a andar el proyecto fueron analizadas las experiencias de Ciudad de México y Medellín, donde ha habido un avance en el respeto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y, entonces,  se idearon estos Centros Amigables, “que no son solamente para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que están pensados de una manera más amplia para hacer promoción de  los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,  y entre jóvenes y niñas”.

Y ahí lo que se buscaba, sostuvo Urrego, “era realmente materializar la política pública de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, incluido, claro, que cuando se configurara alguna de las tres causales, las mujeres tuvieran acceso a una interrupción voluntaria del embarazo segura y con calidad.”

Urrego y Sánchez concuerdan en que, al principio, hubo enormes resistencias, sobre todo, de algunas entidades prestadoras de los servicios de salud. Sin embargo, para Sánchez, al final, fue positivo: “Se fueron rompiendo esas barreras institucionales y cada vez más médicos y enfermeras sabían qué hacer cuando llegaban estos casos y había la posibilidad de que si no se ofertaba, o se restringían estos derechos, fuera inmediatamente comunicado a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de la Mujer para hacerle seguimiento, lo cual no sucede en otras ciudades”.

El exdirector de Salud Pública en el gobierno de Bogota Humana, sostuvo al respecto que “en 2011 fueron alrededor de 19.100 nacimientos, no embarazos, porque los embarazos son más, de madres adolescentes en Bogotá. Y, dentro de esos, en las menores de 15, donde se tipifica un delito (el delito de actos sexuales con menor de 14 años), estábamos por encima de los 450 nacimientos al año. Entonces, además de la educación y de la prevención, dijimos que, de manera complementaria,  en los casos de embarazos donde se configuraba alguna de las tres causales, debía haber un espacio para hace citologías, controles prenatales, donde se eliminaran las barreras”.

Pero si ya había una consulta por la necesidad de interrumpir el embarazo, por alguna de las tres causales, el objetivo era claro: que esta “se hiciera de forma transparente, con previo apoyo sicológico, no para inducir, como se ha dicho, sino para que la mujer pudiera estar más segura. Pues el resultado de todos estos esfuerzos es que terminamos el 2015, cuatro años después, con una reducción del 23% en embarazos adolescentes. Bajamos de 19.100 a 15.300. Y, por primera vez, bajamos la cifra de 400 nacimientos, en niñas menores de 15 años (…) Las cifras están ahí. En los Centros Amigables se prestan alrededor de 20 mil servicios de todos los tipos pero las interrupciones del embarazo no son la mayoría, estas no pasaron de mil”.

Foto: Cortesía Fundación OrientameEl reconocimiento a este programa no viene exclusivamente de exfuncionarios distritales. En diálogo con este medio, Cristina Villarreal, directora de la Fundación Oriéntame, indicó que los Centros Amigables, son, para ella, “una experiencia que debería, no solamente ser fortalecida, y ampliada para el resto de Bogotá, sino que debería, definitivamente, ser replicada en otras ciudades del país (…) En Bogotá sigue habiendo barreras; desafortunadamente las barreras normalmente recaen sobre las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad y por eso, de nuevo, destaco el papel tan importante que juegan los centros amigables porque justamente prestan atención a las mujeres en esa condición”.

El llamado

Desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa, los servicios se encuentran suspendidos. “El panorama actual es que, como esos Centros hacían parte del programa Territorios Saludables, en este momento está prácticamente desmontado y no hay claridad sobre la posición de la administración de Enrique Peñalosa al respecto. No conocemos ningún pronunciamiento específico pero, en la práctica, están cerrados”, dijo el exfuncionario Urrego.

La suspensión del programa Territorios Saludables produjo toda una controversia a inicios de este año; sin embargo, el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, ha dicho que este programa no se va a acabar sino que se va reorganizar. El 9 de enero, a través de su cuenta en Twitter, Morales sostuvo que este programa “continuará pero integrado a las Redes Integradas de Servicios de Salud del Distrito, con capacidad resolutiva y enfocado en la población de mayor riesgo”. Y, a su vez, negó cualquier masacre laboral.

Por ello, Villarreal, Urrego y Sánchez, le hicieron un llamado al alcalde Peñalosa para que no se acabe con estos centros. “En Bogotá sí tenemos una preocupación muy grande en relación con el futuro de los Centros Amigables; con el cambio de administración, no hay claridad sobre su permanencia; en las conversaciones que hemos tenido con mandos medios de la Administración Distrital, la impresión con la que nos quedamos es que no van a continuar”, sostuvo Villarreal.

Y, a renglón seguido, expresó que el fin de estos Centros sería “una lástima. Ahí sí tenemos una preocupación en términos de la pérdida que significaría para Bogotá y para el país el fin de un modelo que resultó ser positivo, que ahorra costos, ya que es mucho menos costoso atender una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura, que atender las complicaciones de los abortos ilegales”.

“Hay que recordar que todos los servicios de salud, sean públicos o privados, deben ofrecer la posibilidad de que una mujer interrumpa voluntariamente su embarazo, si está incursa en alguna de las tres causales. Sería lamentable que estos servicios desaparezcan, porque se habían convertido en un referente de programa público, para que el resto de IPS en la ciudad avanzaran (…) El llamado que le haría al gobierno distrital es que hay que cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional, este es un Estado Social de Derecho, hay que cumplir con las demandas de las mujeres y no hay que imponerles más sufrimientos”, dijo Jaime, Urrego,  exdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud.

“Creemos, y así lo ha manifestado el movimiento de mujeres, que es importantísimo continuar con ellos y que quede como una de las metas del Plan de Desarrollo, precisamente, para que el programa tenga presupuesto y que realmente se den garantías”, sostuvo Martha Sánchez, ex Secretaria de la Mujer.

Y agregó que  en este momento hay peligros en garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de acuerdo con la sentencia de la Corte. “Por un lado que en el Plan de Desarrollo no queden los recursos suficientes. Pero, por otro lado, también ha habido un movimiento muy grande, por parte de la Procuraduría, de sectores de la Iglesia, para desinformar a las personas y en este caso a las mujeres, amenazarlas con cosas que entran en el terreno de las religiones. Realmente, nos toca estar alertas para defender lo que se ha conseguido mediante tantas luchas”.

En su criterio, tiene “que haber una amplia movilización para defender este derecho ante diferentes sectores y actores y que eso es lo que nos toca. Nos toca movernos para que en el nuevo Plan de Desarrollo no se pierda lo ganado en este y otros derechos (…) Lo que le hemos dicho al Concejo es que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos, que hay una orden de la Corte Constitucional y que las mujeres tienen el derecho, en tres casos puntuales, de ser atendidas con oportunidad, con calidad, pero, sobre todo, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, tienen el derecho a estar informadas; estos son derechos internacionales, establecidos desde hace varios años”.

Imagina Bogotá, intentó comunicarse tanto con la Secretaría de Salud como con la Secretaría de la Mujer pero, tras varios intentos, fue imposible obtener una respuesta de su parte.

Un panorama agridulce

Pese a todo, Bogotá ha avanzado en materia de interrupción voluntaria del embarazo, eso es algo en lo que todos concuerdan. Pero el panorama siempre puede ser mejor. “El proceso de implementación ha sido muy accidentado. Así es la política pública: no basta con que haya un decreto o una orden de la Corte Constitucional. No basta que se promulgue una norma para que ya quede configurada una política pública. Y eso es un principio general. Ha sido muy accidentado porque, pese a las sentencias, hay varios factores. Sobre todo, uno de tipo ideológico, un pensamiento conservador, patriarcal, en el sentido de que los roles que se les asignan a las mujeres parecieran inmodificables”, sostuvo Jaime Urrego.

El debate, parafraseando a Urrego, ha estado cargado de ideología y, por ello, no ha habido todos los avances que podría haber. “Si hay casos en los que un niño con cáncer no logra acceder a una ruta de atención, siendo casos en los que no hay ningún reparo, pues mucho peor en un tema como este en el que hay una resistencia ideológica. Se dan cualquier cantidad de excusas, de impedimentos, de obstáculos, para una mujer para la que asumir cualquiera de las tres causales es, seguramente, duro y doloroso”.

Los mayores enemigos de este tipo de medidas, dijo Urrego, “creen que las mujeres son felices cuando se encuentran ante la posibilidad de interrumpir su embarazo. Ninguna mujer lo hace como una salida cómoda. Pero si, además de eso, se dan barreras ideológicas, administrativas y económicas, ahí tiene el resultado”.

De la misma forma, el exfuncionario hizo un llamado para que se le haga frente al problema de los abortaderos ilegales. “Ahí hay que hacerle un llamado a todas las entidades del Estado, fundamentalmente, porque los abortaderos ilegales no cuentan con permisos, incurren en delitos y, por tanto, son materia de actuación por parte de la Fiscalía y de la Policía, no por parte de la autoridad sanitaria, que lo que hace es remitir la información a las autoridades correspondientes”.

Villarreal, por su parte, reconoció avances. “La sensación que yo tengo es que en estos 10 años, definitivamente, cada vez más las mujeres están conociendo sobre su derecho y teniendo acceso. Y cada vez más los prestadores de servicios de salud, sea por fuerza de las tutelas y sanciones o por buena voluntad, están más dispuestos a respetar ese derecho de las mujeres. Aunque esto no quiero decir que todas las barreras se acabaron”.

No obstante, persisten mitos, como por ejemplo, que el aborto es un procedimiento riesgoso, de alta complejidad, que pone en riesgo la salud de la mujer. “Los abortos inseguros son riesgosos pero el aborto seguro, como debe ser un aborto legal, es menos riesgoso que tener un parto, eso se ha demostrado en el mundo entero; incluso en etapas gestacionales avanzadas, no es solamente en el primer trimestre. En todas las etapas, conforme avanza el proceso, aumentan los riesgos, pero nunca van a ser iguales que los de un parto”.

Otro de los mitos es que las mujeres, después de tener una interrupción voluntaria del embarazo, se van a lamentar toda su vida, que su salud mental va a sufrir un deterioro. “Lo que encontramos nosotros es que las mujeres sienten un inmenso alivio de encontrar un prestador seguro, humanizado, que les respeta su derecho y les permite continuar con su vida sin el riesgo para la salud o sin un embarazo producto de una violación”, dijo Villarreal al respecto.

Se piensa, igualmente, que las mujeres van a tomar al aborto “como deporte”. “Esta es una mirada, primero, muy irrespetuosa y muy violenta respecto de las mujeres. Las mujeres, primero, no somos seres irresponsables; al contrario, hemos demostrado que, al ser sobre quienes ha recaído todo el tema del cuidado, pues nos hace más responsables que los hombres, en la mayoría de los casos”.

Sin mencionar que “es bastante absurdo pensar que las mujeres se van a embarazar para abortar. El aborto normalmente es una decisión a la que las mujeres llegan, según nuestra experiencia, después de valorar sus opciones. Y no es una decisión ‘olímpica’ o ‘fácil’; es una decisión responsablemente tomada”.

Otras barreras tienen que ver con el desconocimiento de la norma por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud. Casos como el de mujeres que son víctimas de una violación y el médico les exige que deben llevar la sentencia en contra del violador, es decir que la denuncia no es suficiente. O el requisito de que debe hacerse una junta médica para evaluar el riesgo para la salud de la mujer.

“Ahí hay una tergiversación muy importante porque la sentencia de la Corte dijo que las mujeres son las que deciden; el médico certifica el riesgo. Eso no quiere decir que el médico autoriza la interrupción. La única que puede autorizar la interrupción del embarazo es la mujer, porque es voluntaria. El médico lo que debe hacer es escuchar a la mujer, valorar la situación individualmente y certificar que el riesgo existe”, sostuvo Villarreal.

Aunque, en resumen, hay, en su criterio, un marco normativo aceptable. “Obviamente, para la protección de la salud de las mujeres, sería mejor una despenalización total, sí. Pero tenemos un marco normativo muy bueno”. En 10 años, Oriéntame ha atendido 37.925 mujeres, con un crecimiento exponencial: mientras en 2006 se atendieron 6 casos, en 2015, la cifra ascendió a 8.800.

La exSecretaria de la Mujer, Martha Sánchez reiteró que: “la movilización social es absolutamente fundamental y todavía creo que hay muchas cosas por ganar en el espacio internacional, en términos de una normatividad que obligue a los países a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Para ello lo ideal es que “haya realmente una garantía de todos los derechos para las mujeres. Creo, precisamente, que uno de los derechos humanos, de las mujeres, que a nivel internacional todavía está muy lejos de ser garantizado es el de la autonomía sobre los cuerpos de las mujeres y que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos y que no sea un asunto del Estado o de la Iglesia, sino de la ciudadanía, de las propias mujeres; eso va a seguir pasando en el mundo, en México, en la India, en Colombia, en muchísimas regiones porque hay una resistencia a que las mujeres sean realmente autónomas”.

Su conclusión fue clara: “No es justo que seamos en parte autónomas económicamente, pero todavía no se nos da la autonomía y la decisión sobre nuestros propios cuerpos: sigue decidiendo el esposo, la Iglesia, el Estado. Un futuro ideal sería precisamente uno de libertad y de autonomía para todos los seres humanos pero incluyendo a las humanas; es decir, a las mujeres. Y que el Estado sea garantista de derechos y no restrictor de derechos, como sucede en la mayoría de los casos con la interrupción voluntaria del embarazo”.

 

 

 

 

 

 

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