Las polémicas en torno a la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre

16 octubre, 2016 |
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Entre el trayecto que une el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo con la Calle 80, se divisa una estructura colosal llena de figuras circulares de cemento, como varias naves espaciales parqueadas en medio de la ciudad, entre los barrios El Cortijo, Ciudadela Colsubsidio, Bachué, Quintas de Santa Ana y Los Eucaliptos.

Es la primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Salitre, un complejo construido en el año 2000 para tratar parte de las aguas residuales del norte de la ciudad que terminan en el Río Bogotá, generadas por más de dos millones de bogotanos, y que provienen en su mayoría de casas, oficinas, universidades y colegios. Esta planta hace parte del programa de saneamiento del río Bogotá, el cual ha avanzado lentamente,  y para avanzar exige la participación del Distrito, la CAR y la Nación, que  desde 2014 deben someterse a una sentencia del Consejo de Estado.

La misma ha sido objeto de polémicas que no cesan con el correr de los años. Estas iniciaron desde la primera administración de Peñalosa y la segunda de  Antanas Mockus, cuando se decidió cambiar el programa original de saneamiento y en vez de construir varias plantas al final de los ríos que atraviesan la ciudad, se tomó la decisión de construir dos grandes plantas a las afueras de Bogotá: esta, que está ubicada en el borde occidental, y la de Canoas, que estará localizada en Soacha. Esta decisión que se tomó hace años implica mayores costos por la construcción de más interceptores (los conductos que transportan el agua hasta la planta) y también mayores riesgos de fallas e impactos, por tratarse de grandes infraestructuras.

Y es que nadie niega la necesidad urgente que tiene nuestra ciudad de asumir su saneamiento completo, más cuando aportamos el 97% de carga orgánica en uno de los ríos más contaminados de Colombia. Pero no podemos dejar de lado la relación entre solucionar los problemas de Bogotá y las alternativas tecnológicas que se seleccionan, con sus impactos y costos a corto y largo plazo.  La discusión que se presentó sobre la inconveniencia de las dos grandes plantas al extremo o fuera de la ciudad  quedó  zanjada por las sentencias del río de Bogotá, donde se apoyó la opción de las PTAR Salitre y Canoas.

Y hoy, años después, cuando el contrato para la ampliación de la PTAR Salitre ya está en camino a ser adjudicado, siguen muy presentes dos polémicas: la certeza de la desaparición del llamado humedal El Cortijo por efecto de la obra  y otra, menos conocida, sobre su impacto financiero.

 

El Humedal El Cortijo

“Para la fase 1 y 2 de la planta se compraron predios entre los años 1990 y 1996”, me explica Rafael Forero, ingeniero del Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca Del Río Bogotá (FIAB) de la CAR. “Esos terrenos pertenecían a un botadero a cielo abierto llamado El Cortijo, que cerró en 1985, y que antes de ser botadero tenía unos canales de aguas. Por el movimiento de tierra con la construcción de la primera fase se creó una parte baja en una zona húmeda que aún persiste, y es la que en este momento consideran como humedal, sin ser declarado como tal”.

Forero está haciendo referencia a lo que hoy se conoce como el humedal El Cortijo, Tibaguya o Nuevo Salitre, un pequeño ecosistema acuático y terrestre que cuenta con 4 hectáreas de humedal y está rodeado de 33 hectáreas de bosque. Y hablar de este terreno es importante porque sería parte de la zona ocupada por la segunda fase de esta planta: es decir, si existe una, no va a poder existir más la otra, algo que ha causado polémica entre la CAR, el Acueducto, el Distrito y los habitantes de la zona desde 2014.

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La primera fase de la planta y lo que sería el humedal, rodeado en rojo. Foto vía.

 

La obra, que tiene un costo estimado de US 430 millones, ha sido rechazada por cientos de habitantes de los barrios aledaños, quienes afirman que uno de los territorios más biodiversos y menos intervenidos de la ciudad quedaría sepultado bajo esta segunda fase de la planta. Gustavo Ladino, habitante de la zona y representante de la organización Defensa Cortijo, uno de los grupos que han surgido con el objetivo de defender este territorio, tiene otra versión:  “Antes del basurero había un humedal y el humedal ha vuelto a nacer”, asegura, y defiende que a pesar de que esta zona no está considerada oficialmente como humedal, como mencionaba Forero, existe un documento de la Secretaría de Ambiente de 2014 donde afirma que se evidencia “la presencia de fauna propia de ecosistemas de los humedales de la región biogeográfica del altiplano cundiboyacense, siendo un indicador de que este sector ofrece refugio y alimento a especies importantes en la biodiversidad del país”. Sin embargo, el humedal se enfrenta a un argumento gigante, que es el programa de saneamiento del río Bogotá, el cual no se puede poner en juego.

De hecho la CAR ha sido tajante con su decisión desde hace mucho tiempo. “Sí o sí  el único sitio donde se puede hacer la ampliación de la planta no es otro distinto a donde está funcionado la PTAR Salitre”, afirmó hace poco a Semana.com el director de la CAR, Néstor Franco. “No es un capricho nuestro adelantar la obra, lo hacemos por razones definidas desde hace 20 años”, manifestó el funcionario.

Mesa de concertación

La discusión sobre la inconveniencia de sepultar el Humedal El Cortijo la iniciaron en 2014 varias organizaciones ambientales, que llevó a la instalación de la “Mesa de concertación: áreas de compensación por la afectación de un humedal en el desarrollo del proyecto ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre”, en la que participaron varias ONG como la Fundación Humedales Bogotá, Natural Planet,  la Asociación Ecovida y la Mesa del Río Salitre.

La Fundación Humedales Bogotá fue una de las primeras organizaciones en dar a conocer la existencia del Humedal Cortijo, proponiendo alternativas concretas. Luego de la discusión de esta y más organizaciones con la CAR, y con la participación de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gerencia Ambiental de la Empresa de Acueducto y la Gobernación de Cundinamarca fueron aceptados los argumentos respecto a la localización de la planta y se reconoció que la ampliación de la PTAR era necesaria para “entregar el Río Bogotá en unas condiciones por lo menos aceptables para el uso agrícola”  y que un rediseño podría llevar a triplicar los costos y a poner el proyecto en vilo, como documentó la Fundación Humedales Bogotá en este texto.

En la Mesa de concertación se definieron importantes medidas de compensación por la ejecución de la obra, que implicaría el relleno del humedal Salitre. Estas consisten en la creación de dos espejos de agua en la zona norte de la PTAR, que se conectarían para conformar un área de 14 hectáreas de humedal artificial; también la restauración de áreas de la Madre Vieja del Río Neuque, la adecuación del Parque Metropolitano PTAR Salitre, la cancelación del plan para construir una planta de reciclaje en ese mismo parque y la rehabilitación de fincas aledañas, entre otros acuerdos.

Aunque el acta de concertación contó con la aprobación unánime de los participantes en el proceso, algunas personas y organizaciones han criticado la manera cómo se establecieron los acuerdos.  “En agosto de 2014 la CAR reunió a un reducido grupo de 3 líderes comunitarios para hacer una socialización”, cuenta Ladino de Defensa Cortijo. “Estos líderes comunitarios no podían dar un veredicto hasta que no se hiciera una reunión más amplia, y en el acta de hecho quedó que se iban a hacer tres audiencias públicas masivas”. Pero según Ladino, la CAR nunca cumplió lo pactado en el acta: “Lo que sucedió fue que meses después hicieron una mesa de concertación a puerta cerrada con gente que no vive acá y el nueve de febrero del año pasado la anunciaron, cuando no es cierto que la comunidad haya participado”. Este hecho provocó la creación de muchas comunidades y la campaña YosoyHumedal, en defensa del humedal actual; comunidades y organizaciones que no solo están en desacuerdo con las propuestas de compensación sino que ya han tenido reuniones presenciales y virtuales con el Banco Mundial para manifestar su queja, algo que el Banco ya ha tenido en cuenta y está revisando.

 

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Vista del humedal Cortijo o Tibaguya. Foto cortesía de grupo Somos Uno.

 

“La Corte Constitucional ha señalado que todos los proyectos deben tener el consentimiento previo e informado de las comunidades del área de influencia de la planta”, afirman la organización Somos Uno, creadores de la campaña YosoyHumedal y uno de los grupos que más activismo ha manifestado por esta reivindicación. “La CAR en todos los acuerdos firmados siempre dice que la comunidad participó, pero ni siquiera pusieron vallas o avisos invitándonos… ¿entonces?”.

La versión de la CAR es diferente: “Se hizo una consulta pública para toda la gente, tanto vecina como toda la comunidad de Bogotá”, asegura Forero. “La gente que critica el proceso ha asistido a las reuniones, y a pesar de que muchas veces no han firmado las actas, tenemos fotos que muestran que asistieron. Incluso les invitamos a que presentaran una propuesta, y las que pasaron propuesta fueron las ONGS, concertadas con la comunidad”.

Para Ladino estas ONGs, que son del sector de Teusaquillo, no solo están suplantando a la comunidad, sino que, según él, todas se están beneficiando de este proyecto a nivel de contratación. Ladino también menciona irregularidades que no pudieron ser verificadas por el medio, como que el Comité Ambiental Local no está conformado como es debido, que los ediles de la localidad de Suba (que también se ve afectada) tienen total desconocimiento de la problemática, o que en las firmas de la mesa un edil había firmado a nombre de la JAL de Engativá, sin ningún tipo de autorización.

Los enfrentamientos entre los defensores del humedal y las personas que integraron la mesa han escalado al punto de que el grupo de Humedales Bogotá, decidió retirarse luego de denunciar amenazas y hostigamientos. Según los integrantes de esta organización, algunas personas levantaron acusaciones contra ellos acerca de tres hechos: “Recibir contratos o sobornos por parte de la CAR Cundinamarca, a cambio de aceptar la compensación del humedal El Cortijo; buscar a cambio de nuestra firma del acta la administración del nuevo parque PTAR Salitre y extorsionar a la Casa Editorial El Tiempo por el caso del derrame de tinta azul en el Humedal Jaboque”. Humedales Bogotá rechazó todas las acusaciones mediante un comunicado y anunció la decisión de tramitar documentos aclaratorios ante El Tiempo, la CAR y el IDRD, y presentar denuncias por injuria, calumnia y amenazas. Ningún representante de Humedales Bogotá quiso dar declaraciones.

Otras denuncias

Según las organizaciones ya mencionadas, las irregularidades que se presentaron en la mesa de concertación solo son una parte de los problemas que trae la obra. Existen problemáticas aún más urgentes, como los olores expedidos actualmente por la primera fase de la planta, y las afectaciones que esto ha tenido en la salud de los habitantes de la zona. “Llevamos 16 años soportando malos olores y riesgos biológicos a nivel respiratorio, gastroenterológico y epidemiológico”, se queja Ladino, quien afirma que cuando la planta actual funciona en su totalidad, los olores son insoportables. “Con el nuevo diseño de la ampliación van a dejar unos tornillos de Arquímedes para el funcionamiento de la planta a tan solo 80 metros del primer conjunto de la zona, el de Alcaparros”.

Forero se defiende de esta denuncia afirmando que esta segunda fase va a ser una estructura cerrada a diferencia de la actual, que emite olores porque se genera gas metano al trabajar con un sistema anaeróbico, es decir sin oxígeno. “Las aguas no van a llegar por cielo abierto sino por tubería o por canales cerrados, evitando olores y ruidos”.  El ingeniero de paso me explicó que para llegar a este modelo fueron revisadas 17 alternativas, luego de considerar “todas las tecnologías existentes en el mundo”. “Después de un estudio donde se definieron criterios tanto económicos como técnicos se evaluaron tres alternativas evaluadas por la comunidad, y hemos visto que la nuestra está presente en Estados Unidos y Europa, a menos de 50 metros de distancia de las casas”. Para terminar su argumento, Forero me explica que de igual manera la licencia ambiental que permite este proyecto e incluso el Banco Mundial le exige a la CAR la generación de barreras ambientales, manejo de ruido y de olores. Nosotros vamos a cumplir con todo”.

Sin embargo, si se trata de cumplimiento y confianza, la relación entre las plantas de tratamiento en Cundinamarca y la CAR no es el mejor ejemplo. “De las 28 plantas existentes en Cundinamarca, solo 3 funcionan, y todas las 28 las hizo la CAR”, me cuenta Ladino, que también menciona las promesas fallidas que la entidad le ha hecho a la comunidad de la represa del Muña, o a la del relleno Doña Juana, antecedentes que siembran dudas sobre la efectividad del programa de saneamiento del río en la ciudad de Bogotá.

“Nosotros tenemos ingenieros ambientales, industriales, de petróleos y biólogos que nos aseguran que esta ampliación puede no ser viable”, añade Ladino. “El ideal de la PTAR es tratar el río Juan Amarillo antes de llegar al Río Bogotá, pero este tiene dos cauces y la planta solo va a tratar uno, que se mezcla con el otro antes de llegar al Bogotá, es decir que no se hace nada”. Y esta objeción tiene que ver con el cambio del programa original de saneamiento, que cambió tres plantas en los distintos afluentes del río por las dos actualmente proyectadas.

Forero trata de desmentir esta última acusación afirmando que el agua que va a salir de la segunda fase será un proyecto de uso múltiple y que el Acueducto ya construyó unos interceptores para que el agua negra no llegue al Río Juan Amarillo y lo contamine. “Vamos a tener aproximadamente 20 kilómetros de río limpio para que entre al Fucha, y allá también habrá interceptores que lleven las aguas negras a Canoas”, explica. “Estamos trabajando para que todos los sectores puedan trabajar y que con esta PTAR quede saneada parte del río”.

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Curíes en el humedal. Foto cortesía del grupo Somos Uno.

 

 Ante la pregunta de por qué no aceptarían las propuestas de compensación de la mesa, Ladino es claro: “Básicamente porque a uno no le pueden cambiar una pierna normal por una pierna biónica”, compara. “Puede que el nuevo humedal sea más grande, pero este tiene una riqueza que no hay en otro humedal de Bogotá, aparte de que, según ellos, van a llenar el nuevo humedal con agua del río Bogotá, cosa que sería totalmente contradictoria”. Para Ladino, más allá del hecho de que la zona puede llegar a desvalorizarse por la obra, de los intereses económicos detrás o de todo lo mencionado anteriormente en este artículo, la defensa del humedal se trata de la vida misma: “uno no puede experimentar con la vida”.

Los integrantes de la organización Somos Uno responden a la pregunta con más preguntas. “¿Dónde está la CAR controlando los vertimientos en toda la cuenca? ¿Por qué las orillas del río están sin árboles? ¿Por qué no se han recuperado todos los humedales de la Sabana de Bogotá?” Para Somos Uno, se siguen gastando los recursos públicos en obras inútiles, costosas y, según ellos, seguimos igual. Estas organizaciones van a insistir en la oposición al proyecto. Cuando hablé con él, Ladino me aseguró que acababan de  solicitarle a la Personería coordinar un encuentro para revisar el tema. “El mismo fallo del Consejo de Estado ordena construir la PTAR, pero no de esta manera, porque está mal planteado”, afirma. “En el primer párrafo del fallo se prohíbe tocar reservas ecológicas y se ordena conservar humedales, así que ahí no se podría construir, según el mismo fallo”.

 

¿Quién paga los costos de operación?

También existen interrogantes respecto a los criterios  de contratación de la obra, que va a ser financiada con un crédito obtenido por la CAR con el Banco Mundial, porque según expertos y organizaciones del sector solo se tuvo en cuenta como criterio de adjudicación los costos de construcción y no los de operación. En su momento, la sentencia del Río Bogotá dividió las responsabilidades: primero la CAR debe asegurar la construcción de la ampliación de la planta y luego entregarla a la Empresa de Acueducto para que la administre, y por ende asuma los costos de operación y mantenimiento. Ya se sabe que los bogotanos costearemos los costos de construcción con el porcentaje ambiental del impuesto predial de la ciudad. La CAR indica que, en conjunto con el Banco Mundial, ha buscado el menor costo de construcción, que de todas maneras ya va en US 430 millones.

Ladino señala que hasta ahora no hay información clara sobre los costos de operación de la segunda fase, a pesar del impacto financiero que va a  tener. A estos impactos se añade el hecho de que la construcción de la planta de Canoas no tiene aún cierre financiero, y se trata de una obra de mayor capacidad y complejidad. Hasta ahora solo están los recursos para una estación elevadora. “Somos uno” coincide en estas preocupaciones. Parece que a la CAR no le han preocupado mucho los costos de operación de la planta El Salitre y todo apunta a que van a ser altos, por tanto, la  pregunta que cabe a continuación es: ¿De dónde vamos a sacar para los costos de operación? ¿De nuestros recibos del agua?

Parece que la CAR no aprendió de lecciones anteriores con varias plantas regadas en municipios de Cundinamarca,  financiadas por el BID, cuyos alcaldes no quisieron recibir por sus altos costos o por “razones de orden técnico y económico”, como reza en la sentencia del Río Bogotá y en la siguiente resolución en sus considerandos:

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Con todo lo anterior, especialistas que conocen de cerca el caso coinciden en que es un error no haber considerado en la licitación que se realizó el estimado de los costos de operación y mantenimiento en un plazo de 15 a 20 años, porque el Banco Mundial insiste en usar solo el criterio de mínimo costo de construcción. De hecho, Imagina Bogotá conoció que, en su momento, la Empresa de Acueducto hizo conocer a la CAR sus preocupaciones sobre la necesidad de tener en cuenta el valor presente de los costos de operación y mantenimiento, a lo cual esta entidad respondió que los diseños contemplarían estos costos, pero finalmente no se incluyó en la fórmula de base para la selección del contratista.

Al preguntarle a Forero sobre la veracidad de estas inquietudes, no me responde inmediatamente. “Actualmente contamos con una tecnología que va a bajar los costos de energía, y vamos a utilizar los biosólidos que resulten del proceso para mejorar suelos y agricultura”, afirma. “La planta va a tener en parte sus propios recursos para su operación, habrá un porcentaje de ella que será autosuficiente”, es decir, que podrá costearse parte del valor de operación.

Sin embargo, al volverle a preguntar por si los bogotanos tenemos que pagar algún costo de operación de esta segunda fase, por pequeño que fuera, el ingeniero admite que sí: “realmente tenemos que tener un río saneado y todos en Bogotá tenemos que pagar algo para ello”, afirma. “Se buscaron varias alternativas para buscar un beneficio de operación a largo plazo con unos costos de operación mínimos. La tecnología que escogimos baja costos y aprovecha recursos de la planta para su propia operación”. Respecto a esto último, es cierto que la ampliación de la PTAR Salitre incluirá una planta de biogás, pero sólo generará alrededor del 30% de la energía que se requiere, consumo que aumenta cuando el tratamiento es secundario.

En medio de complicadas consideraciones técnicas y de las luchas ambientales que han tomado fuerza en la ciudad, la ampliación de la PTAR parece no tener marcha atrás, así algunas organizaciones no quieran dar el brazo a torcer.   “Queremos pedirle a la CAR que se detenga, que se sienten a reflexionar como colombianos, como personas qué le hacen a los ecosistemas y qué hacen con el dinero público”, reflexiona el grupo de Somos Uno. Según ellos, se invierten miles de millones de pesos en obras como esta planta de tratamiento, que a la larga no mejoran los ecosistemas. Y ¿por qué? “Por hacer obras por hacerlas, sin rigor, sin estudios, sin el amor por los ecosistemas y su cuidado”.

La disyuntiva en este caso no es sencilla, porque enfrenta la protección de un humedal con la necesidad urgente de que la ciudad asuma su responsabilidad regional por el saneamiento del río Bogotá. Para algunos las compensaciones obtenidas son amplias y van a generar beneficios ambientales superiores a los del humedal Cortijo, aparte de aceptar el hecho de que la planta no puede ser localizada en otro lugar; sin embargo, otros se resisten a que ese humedal desaparezca.

Y detrás de esta discusión, se pueden leer entre líneas dilemas de políticas públicas y visiones diversas de la ciudad. En este caso, como en otros, en la agenda de la ciudad en los próximos años estarán presentes los efectos de las decisiones tecnológicas y financieras de hace años y de hoy, quizás cuando sea demasiado tarde.

Nathalia Guerrero

Periodista. Cazadora del misterio de las pistas de baile colombianas en THUMP Colombia. Narradora de fenómenos urbanos y underground en VICE Colombia.

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