¿Está tan cerca la urbanización de la Reserva Thomas van der Hammen como anuncia Peñalosa?

8 octubre, 2018 |
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Causó preocupación una nota de Caracol Radio, donde el alcalde Peñalosa afirmó que “Intervención a la van der Hammen se aprobará en las próximas semanas”.

Foto para imagina

La afirmación es una forma de presión del Alcalde sobre el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, la autoridad ambiental encargada de aprobar su solicitud de realinderación, sustracción y cambio de categoría, de una reserva forestal creada por el Ministerio de Ambiente en el año 2000, con ocasión del trámite de concertación ambiental del proyecto de plan de ordenamiento territorial – POT- del propio Peñalosa, en su primer mandato.

Pero también puede ser muestra de confianza del Alcalde en que la CAR  va a apoyar su solicitud porque, como ha indicado, la CAR actual es muy técnica y muy seria y parece no causarle problemas.

Intervención de Enrique Peñalosa en el  III Foro de Integración Regional: en la búsqueda del mejor esquema de gobernanza para la Gran Sabana, Septiembre 28 de 2018

¿En qué van los trámites relacionados con la Reserva Thomas van der Hammen?

La Alcaldía radicó el 2 de abril de 2018 la solicitud de realinderar la Reserva Thomas van der Hammen, para excluir del régimen de protección unas 600 hectáreas de las 1395 que la conforman hoy, mientras el resto se convertirá en corredores o parques lineales urbanos.  Simultáneamente solicitó la sustracción de alrededor de 100 hectáreas para construir vías, que solo se justifican en el  escenario de la futura urbanización de todo el borde norte.  Sustraer quiere decir excluir una porción de una reserva para destinarla a ejecutar obras o realizar actividades distintas a la conservación, por motivos de utilidad pública o interés social.

 

Clasificación del suelo norte

Clasificación del suelo en el norte y Reserva Thomas van der Hammen alinderada en 2011.

Reserva TVDH realinderada

Imagen final de la propuesta de la Alcaldía elaborada por @BogotaLógica con base en la propuesta presentada a la CAR.

La solicitud no llenaba  siquiera los requisitos formales, y a la Alcaldía le tomó cinco meses para obtener una certificación del Ministerio del Interior que señala que en el área del proyecto no se registra presencia de comunidades indígenas, concepto controvertido por el Cabildo Muisca de Suba. Con base en el lleno de algunos requisitos formales el Director de la CAR expidió el auto No. 20 de septiembre 18 de 2018, para dar inicio del trámite de sustracción y se abstuvo de iniciar el de realinderación porque no hay claridad sobre cómo adelantarlo.

No obstante, el Director de la CAR se apresuró a iniciar el trámite sin verificar los requisitos legales de fondo como son las exigencias previas establecidas en la Resolución 1526 de 2012 del Ministerio de Ambiente, referidas a definición del área directa e indirecta de impacto de las obras viales que se pretenden construir y a varios estudios específicos.  La razón es simple: La Alcaldía proyecta las vías contando con la realinderación y, por tanto, realizó un solo estudio que no cumple todos los requisitos de la sustracción.

La segunda falencia tiene que ver con que la mencionada Resolución 1526 exige simultáneamente iniciar el trámite de licencia y ese trámite implica la realización de un estudio de impacto ambiental y, eventualmente, de un diagnóstico ambiental de alternativas, según lo determine y justifique la CAR.

Como si fuera poco algunos de las secciones viales (ancho de las vías) que pretende construir la Alcaldía son mayores a los establecidos en el POT, circunstancia que no resuelven ni la sustracción ni la licencia ambiental, por tanto, tendría que adelantar primero la revisión del POT.

Todo lo anterior sin contar que varias de las vías no cuentan con recursos para ser ejecutadas.

¿Y la realinderación qué?

Con respecto a la realinderación las cosas son más complicadas, porque existe un vacío legal que el Ministerio de Ambiente no ha querido resolver y que consiste en que está asignada la competencia para realinderar al propio Ministerio o a las CAR pero no hay ninguna norma de carácter general que establezca qué quiere decir realinderación, cuál es su alcance (¿se puede excluir el 30 o el 90% de una reserva, por ejemplo?), cuáles son los requisitos y cuáles los procedimientos.

La alinderación, que procede cuando se crea una nueva área protegida, y la sustracción, están contempladas en el Código Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente y cuentan con resoluciones que detallan requisitos y procedimientos. Para realinderar solo han sido reglamentados los términos de referencia para realizar los estudios que la sustenten. No hay que ser un experto para comprender que una cosa son los estudios para realinderar y otra el trámite propiamente dicho. Las autoridades públicas pueden ejercer las competencias que las leyes les otorgan, pero  esas competencias deben estar expresamente regladas y eso no se cumple en este caso. Un dudoso concepto del Ministerio de Ambiente señaló en junio pasado que se podía tramitar como derecho de petición, pero enredó más que aclarar.

Es tal vacío el jurídico que en el Auto 20 de 2018 la dirección de la CAR resolvió asumir de oficio, es decir, por iniciativa propia, la realización de los estudios para definir si es procedente la realinderación. La CAR no aclara si eso quiere decir que va a botar por la borda los estudios, buenos o malos, presentados por la Alcaldía o los va a acoger creando un conflicto de interés.

Tampoco ha dicho la CAR si va a mandar a la papelera los estudios que contrató con nuestros impuestos para sustentar la declaratoria y alinderación de la Reserva en 2011 y la elaboración del Plan de Manejo Ambiental en 2014, estudios mucho más detallados y sustentados que los que presentó la Alcaldía.  ¿Será tanta la cercanía de la CAR con la Alcaldía que se atreverá a decir, sin más,  que hace pocos años se equivocaron?

¿Cuándo empezarían  a construir edificios en la Reserva?

Finalmente, supongamos que la CAR se pasa por encima de las normas constitucionales y  legales, se extralimita en sus funciones,  se inventa sobre la marcha un trámite y le aprueba la realinderación a Peñalosa: el suelo continuará siendo un suelo rural y de protección, porque la CAR no tiene la potestad para cambiar la clasificación del suelo. Entonces Peñalosa deberá iniciar el trámite de revisión del POT y justificar que ese suelo se requiere para la expansión urbana, con base en las cifras del nuevo censo y no en sus suposiciones infladas.

Por tanto, cualquier cosa que Peñalosa entienda por intervención se va a demorar…

 

 

 

 

María Mercedes Maldonado

Ex Secretaria de Hábitat y de Planeación, coordinó Plan de Desarrollo de Bogotá Humana y ex candidata Progresista a la Alcaldía de Bogotá 2015

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