Incertidumbre Ambulante en Bogotá

11 mayo, 2016 |
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Foto: Gerlad Bemúdez

Por Gerald Bemúdez  | · 11 de Mayo  2016

 

Los vendedores ambulantes son una realidad en Bogotá. Desconocer esta forma de trabajo es incurrir en un acto de negación que nada aportaría al debate real sobre las problemáticas de este fenómeno.

La presencia de los vendedores informales en los andenes de la ciudad ha sido considerada como un problema por muchas de las administraciones capitalinas, y es el actual mandatario Enrique Peñalosa uno de los abanderados de la erradicación de las ventas informales callejeras.  En los dos periodos en que ha ejercido como alcalde, Peñalosa le ha declarado la guerra a los vendedores ambulantes. Sus políticas han generado descontento y diferentes reacciones por parte de los comerciantes informales.

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Foto: Geraldkurt

El pasado 26 de enero, habiendo pasado menos de un mes de su presente gobierno, se llevó a cabo un operativo de desalojo de vendedores con la justificación de recuperar el espacio público. Cerca de 300 vendedores ambulantes entre los que se encontraban María Dilia, Adolfo, Flor y Jesús se vieron de repente enfrentados a la incertidumbre. La misma que deben afrontar las 48. 751 personas dedicadas a esta actividad, según los registros de la administración distrital. Cifra contrapuesta a los cerca de 180 mil vendedores ambulantes que habría en la capital de acuerdo con lo dicho por algunos de sus representantes.

Estos operativos vinieron antecedidos, como lo aseguran varios vendedores de la zona, por una encuesta en la que tuvieron que firmar documentos facilitados por funcionarios del distrito sin que se sepa hasta ahora su uso o destino. Al día siguiente de esa acción, la calle 72 o Avenida Chile, entre la Carrera Séptima y la Avenida Caracas, amaneció llena de policías con la prohibición expresa de no permitir la labor de los vendedores ambulantes.

Estos tuvieron que dispersarse y buscar otros puntos de la ciudad para realizar sus ventas informales. Fueron 280 comerciantes que se desplazaron con sus puestos de trabajo hacia otras zonas si no querían que sus enseres fueran decomisados por la Policía.

Tal es el caso de María Dila Moreno quien lleva 14 de sus 62 años dedicada al comercio informal. En un carro de madera vende plantillas y cordones para zapatos y cacharrería en general. Ella señala que cuando estaba ubicada sobre la calle 72 en el cruce de esta con la carrera 12, podía tener ingresos diarios de entre 30 y 50 mil pesos, de los cuales destinaba el 30% a surtir su puesto de mercancía. Sin embargo, ahora que tuvo que ubicarse en la calle 70 con Avenida Caracas, sitio menos transitado, solo puede vender de 10 a 12 mil pesos por día.  Esta situación la ha llevado a tener que dormir en las casas de sus hijos ya que los pocos ingresos no le alcanzan para cubrir gastos de arriendo.

Foto: Geraldkurt

Otra de las vendedoras desalojadas de la calle 72 es Flor, quien asegura que si no es por los ahorros que había logrado juntar durante algunos meses, su situación sería acuciante estos últimos meses por cuenta del desalojo. Con la mitad de lo que ganaba hace cuatro meses tiene que seguir sosteniendo a sus dos hijos en su calidad de madre cabeza de hogar.  La disminución de sus ingresos, ha llegado al punto en que desde el mes de febrero no ha podido surtir su puesto ambulante con los relojes que ofrece desde hace 15 años en la Avenida Chile.

Las soluciones que ofrece el distrito no dejan satisfechos a la mayoría de estos comerciantes. Si bien a muchos les ofrecen módulos en los cuales pueden ofrecer vender sus mercaderías, como los ubicados en la calle 47 con Avenida Caracas o en la calle 79 con carrera Quince, también es cierto que su número es insuficiente y el Instituto para la Economía Social, dependiente de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que tiene la responsabilidad sobre este tipo de situaciones debe realizar sorteos para asignar estos quioscos.

Esta problemática de comercio informal podría explicarse por tres causas:

La primera de ellas es el alto grado de desempleo en el país que, según el DANE, en marzo de este año alcanzó una tasa del 10.1%. Este fenómeno es notorio en los sectores de personas jóvenes y de la tercera edad, como es el caso de Jesús quien desde los 40 años dejó de ser atractivo para el mercado laboral y tuvo que salir a la calle a buscar su sustento vendiendo relojes.

La segunda es la flexibilidad que permite la informalidad ya que como lo señala Adolfo, un huilense que vendía piercings en la calle 72, este tipo de comercio da la posibilidad de ser el propio jefe y disponer del tiempo para estar pendiente de asuntos familiares o para estudiar.

El tercer factor, y el que podría encerrar la solución al problema, es la falta de regulación. Como lo señala Félix Palacios, líder de los vendedores ambulantes, estas actividades informales han sido reguladas en Ecuador, en Argentina y en Chile. “En Ecuador, por ejemplo, hay galerías para los vendedores ambulantes. Allá están carnetizados e identificados. Además, si en una calle hay un vendedor de ropa, en esa misma calle no puede existir otro que venda el mismo producto”.  Este lo he oído mucho, pero creo que hay que problematizarlo un poco, porque también evidencia algo de yo llegué que no lleguen otros, no sé si se pueda sintetizar en una frase.  Hay dos dimensiones del problema, lo que desempeñan hace años la actividad y quienes llegan por los problemas estructurales de empleo. ¿Hay un corte posible?

El hecho de que Bogotá recibe la mayor cantidad de desplazados internos del país genera una presión alarmante sobre las plazas de trabajo que ofrece la ciudad. Si bien las cifras de la Unidad de Víctimas están lejos de las 52 mil personas que recibió la capital en 2007, el año 2015 cerró con 10.833 personas en situación de desplazamiento recibidas en el Distrito Capital. Ejemplo de ello es Adolfo, el vendedor de piercings quien se desplazó del Huila ya que la situación de orden público y la crisis del sector cafetero lo hicieron llegar a Bogotá hace cinco años en busca de su futuro.

 

Sin soluciones de fondo

A pesar de las consideraciones anteriores, las soluciones de fondo a este problema que genera choques entre la administración local actual y los comerciantes informales parecieran estar cada vez más distantes. En 2003 una acción de tutela presentada por Félix Palacios ante los estrados judiciales fue otorgada por el magistrado Manuel José Cepeda de la Corte Constitucional.

En ella el alto tribunal da cuenta de diez pasos que deben armonizar la relación de los vendedores ambulantes con el espacio público. En dicha sentencia, la T-772 de 2003, queda claro que los derechos al trabajo y al mínimo vital deben asegurarse por parte de las autoridades de manera tal que no riñan con el respeto por el espacio público.

Aunque esta sentencia encerraría la clave para hallar la solución a las contradicciones entre dos diferentes concepciones del espacio público, esta no ha sido aplicada en su totalidad hasta el día de hoy.

Felix Palacio

En palabras de Félix Palacios “las administraciones de Mockus y de Peñalosa le han declarado la guerra a los vendedores ambulantes. Sin embargo, desde la alcaldía de Luis Eduardo Garzón las cosas cambiaron. Fue en su gobierno que se instalaron los módulos metálicos que ahora sortean. En tiempos de Samuel Moreno no hubo una persecución hacia el sector y durante la administración de Gustavo Petro tampoco hubo operativos agresivos como el del pasado enero, sin que ello signifique que hubo soluciones de fondo”.

Uno de los señalamientos que ha sostenido la administración Peñalosa para adelantar estos operativos es el de que existirían grupos constituidos que se adueñarían del espacio público y cobrarían a quienes quieren vender en estos sitios o que tendrían personas trabajando para ellos.  Esta situación es reconocida por varios líderes del comercio informal.

En palabras de Palacios, “es algo que no es un secreto y que se ha venido enfrentando con organización y capacitación. Sin embargo, después del desalojo de los vendedores informales de la, hoy llamada, plazoleta de la Mariposa en el tradicional sector comercial de San Victorino, y su posterior reubicación en las bodegas de la calle 38 con carrera 12, algunas familias tienen el monopolio de esos espacios y cobran igualmente por los mismos”.

Ambos argumentos permitirían pensar que la solución está en una agresiva campaña de regulación de las relaciones comerciales informales.  Y de control a las mafias, no de erradicación de la venta informal por esta razón, factor que los hace aún más vulnerables

 

En la localidad de Tunjuelito se ha llevado a cabo un experimento que puede arrojar luces sobre la manera en que las autoridades locales y los vendedores ambulantes pueden coexistir: los pactos de autorregulación.

Estos pactos lo que buscan es que los vendedores ambulantes de los barrios Venecia y Tunal, además de colaborar con el mantenimiento del aseo de los lugares que ocupen y de respetar espacios peatonales y ciclorrutas, se conviertan en veedores y vigilantes de las actividades de sus colegas y del sector en general. De esa manera se espera que logren alcanzar una estabilidad tal que les permita ir acercándose a una transición a la formalidad comercial.

La actual administración distrital ha endurecido su posición; a los constantes desalojos se ha sumado la negativa a concertar con este sector.

Reflejo de ello son las solicitudes de una Mesa de Concertación hechas por el representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Inti Asprilla. Este, acompañó a un amplio sector de vendedores informales a algunas movilizaciones con el fin de recoger sus inquietudes y necesidades. Es así que el 26 de marzo del presente le solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que, amparado en el decreto 098 de 2004 que regula el espacio público, se estableciera una mesa de concertación para encontrarle salidas a la problemática de los comerciantes informales.

Por lo anterior, el representante Asprilla radicó una Acción de Cumplimiento contra el actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, para que sea un juez de la República quien dirima la disputa y logre, en palabras del congresista, “obligar a que el alcalde cumpla con su deber y le responda a los vendedores ambulantes buscando soluciones concertadas al problema generado con los desalojos”.

Este fenómeno de los vendedores ambulantes refleja dos concepciones de ciudad que son antagónicas. Mientras que el actual mandatario clama por la recuperación de las calles para que imperen el orden y la seguridad (algo que quedó en entredicho ya que durante la realización de esta nota se pudieron observar dos robos en plena calle 72, libre de vendedores ambulantes, a plena luz del día), los vendedores consideran que deben primar los derechos al trabajo y al mínimo vital mediante unas regulaciones que no los dejen por fuera de ese pequeño umbral del sistema económico al que pueden acceder. Dicho en palabras de Flor, la vendedora de relojes, “lo que queremos es que nos dejen de tratar como delincuentes y seamos reconocidos como ciudadanos trabajadores quienes también tenemos dignidad”.

 

 

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