Detalles del conflicto de interés del Secretario de Planeación de Bogotá en la Reserva Thomas van der Hammen

30 marzo, 2016 |
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El predio del Secretario de Planeación: Foto tomada del vídeo de EL TIEMPO publicada el 29 de marzo de 2016

El domingo 27 de marzo de 2016 el periódico El Tiempo tituló en primera página que el Secretario de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, era propietario de una casa en un terreno de 2.000 Mt2 dentro de la Reserva Forestal Thomas  van der Hammen. La nota tenía otras informaciones más preocupantes, como la decisión de la Empresa de Acueducto de detener el proceso de compra de terrenos iniciada en 2015, trámite necesario para avanzar en consolidar la Reserva, sobre todo en los lugares de mayor importancia ambiental. Pero lo que más revuelo causó fue el conflicto de interés del  Secretario de Planeación, quien desde enero, haciendo eco a uno de los propósitos más decididos y poco justificados  del Alcalde Peñalosa,  desde enero ha anunciado la necesidad de incorporar a la expansión urbana el 90% de las 1.395 hectáreas que hoy constituyen la Reserva.  Sobre las demás alternativas de declarar zonas urbanizables dentro o fuera del Distrito, las energías del Alcalde y de sus colaboradores han estado centradas en acabar esa zona del norte de la ciudad que, de acuerdo con numerosos  estudios tiene una   especial importancia ambiental.

Ante el conflicto de interés del Secretario de Planeación hubo varias reacciones que van  desde la crítica radical a su actuación y la solicitud de su renuncia, hasta la minimización del hecho, con el argumento de que no es de extrañar que, de una u otra manera,  las viviendas que cualquier funcionario tiene en la ciudad, pueden llegar a ser beneficiadas con normas o inversiones públicas.  La explicación del Secretario, que tuvo bastante aceptación en los programas radiales matutinos, fue que tenía una casa dentro de la Reserva, comprada en 1992 y hoy alquilada, y que la decisión de sustracción de la Reserva solo le correspondía a la CAR y que, en consecuencia, no estaría impedido. Aún así, informó  que había declarado a la Alcaldía el conflicto de interés desde principio de año.  De todas maneras,  quedó en el aire la inquietud, de por qué no había informado el hecho de ser propietario en alguna de las múltiples entrevistas en prensa, radio y televisión, o participación en foros y seminarios donde ha defendido la inconveniencia de la Reserva. Es una mínima regla ética.

Al tiempo que el Alcalde trinaba, en el estilo que lo caracteriza,  que el asunto era irrelevante porque el  Secretario hizo pública la carta dirigida a su jefe en la cual lo ponía al tanto del conflicto de interés, y que, en lugar de atenuar su responsabilidad,  puso en evidencia cuáles eran sus verdaderos intereses.

Andrés Ortiz y su esposa son propietarios de dos predios localizados en la vereda La Conejera, en la parcelación La Lomita,  que tiene un área total de  8,5 hectáreas,  y  que es ilegal, en el sentido de que no se ajusta a las normas urbanísticas.  El primero, como lo indicó El Tiempo, tiene un área de 2.059 M2 y aparece resaltado en ocre en el mapa siguiente, el otro más pequeño, resaltado en verde claro, tiene un área de 305 M2 según datos de Catastro y son dueños en común y proindiviso con Jesús Ernesto Saldarriaga y su esposa (Ver certificado de libertad). Saldarriaga es gerente de Constructora Experta, una empresa de servicios de ingeniaría y contratista de obras públicas.

 

predios VAN DER HAMMEN

Andrés Ortiz y su esposa son propietarios de dos predios localizados en la vereda La Conejera, en la parcelación La Lomita. FUENTE Mapas Bogotá

 

Esta lujosa parcelación quedó incluida dentro  del área de la Reserva Forestal del Norte, porque las resoluciones del Ministerio expedidas en el año 2000, que dieron fin al trámite de concertación de los asuntos ambientales del POT aprobado durante la primera administración de Peñalosa, particularmente la Resolución 475 dispuso “mantener los desarrollos residenciales e institucionales existentes de conformidad con las normas específicas mediante los cuales fueron aprobados dichos desarrollos en las distintas áreas objeto de la Resolución, promoviendo la restauración forestal y garantizando la continuidad de los sistemas hídricos de las zonas, de forma tal que se cumpla el precepto constitucional de la función ecológica de la propiedad”.

La legalización es un trámite que, por regla general, aplica para las ocupaciones populares informales y que las normas nacionales definen como el proceso mediante el cual se reconoce “… si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de interés social realizado antes del 27 de junio de 2003, aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos”. Implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios públicos y el acto de reconocimiento hace las veces de licencia de urbanización, que es la base para reconocer las construcciones existentes y  tramitar legalmente licencias de construcción.

Es decir, que el interés inmediato, urgente, del Secretario y sus vecinos es el de legalizar su parcelación, para poder obtener nuevas licencias y que la Empresa de Acueducto, como les informó en 2003, haga inversiones para llevar servicios públicos, sobre todo el de alcantarillado.

De acuerdo con lo que señala Andrés Ortiz en la declaratoria de impedimento el trámite de legalización se inició en el año 2002. Lo hicieron con base en un mico del Acuerdo 1º de 1986, que tenía como finalidad legalizar lo que entonces se llamaba “barrios clandestinos”, localizados dentro y fuera del perímetro de servicios e incorporarlos a los planes y programas oficiales. El Acuerdo contenía el listado de los barrios por localidad, pero en el caso de Suba añadieron “…desarrollos residenciales, industriales, institucionales, recreacionales y demás ubicados en las veredas de Conejera, Casablanca y Guaymaral”. Según Ortiz  la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mediante concepto técnico No. 8-2003-118581 del 26 de diciembre de 2003, estableció que la empresa podría adelantar  “la gestión integrada para la ejecución de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio una vez este Departamento (hoy Secretaría) defina el uso del suelo de este sector”.  Añade en su comunicación que hoy falta poco para culminar el trámite porque “…El plano de loteo de la Parcelación Las Lomitas cuenta actualmente con aceptación cartográfica y estudio vial incorporado, y se encuentra pendiente de los conceptos de la empresa de Gas Natural y del Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático — IDIGER-,”  pero le hace falta, nada más ni nada menos que el realinderamiento de la CAR, que hoy equivale a decir sustracción de la Reserva Thomas van der Hammen.

Este requisito es indispensable porque el artículo 123 del decreto nacional 564 de 2006, señala que “…No procederá la legalización de asentamientos o la parte de ellos que se encuentren ubicados en suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos que lo complementen y desarrollen”.

 Y algo que tampoco nadie en la administración ha informado, entre sus vecinos está Astrid Álvarez la Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá.

Es decir, que el interés inmediato, urgente, del Secretario y sus vecinos es el de legalizar su parcelación, para poder obtener nuevas licencias y que la Empresa de Acueducto, como les informó en 2003, haga inversiones para llevar servicios públicos, sobre todo el de alcantarillado.  Y algo que tampoco nadie en la administración ha informado: entre sus vecinos está Astrid Álvarez (ver certificado de libertad del predio), la Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, quien fue Gerente de la campaña del Alcalde y hoy es, además,  miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, entidad que, de ser legalizado,  tendría que construir las infraestructuras para llevar los servicios a este conjunto que hoy está en suelo rural. Frente a este tema, el diario El Tiempo publicó que “su casa queda en el conjunto residencial La Lomita, al lado de la del secretario de Planeación Distrital, Andrés Ortiz, pero contrario a él, ella no tiene ninguna relación ni con el tema de la reserva ni con los proyectos de planeación y expansión del Distrito”.

Por tanto, más allá de la posición del Secretario de Planeación, aparentemente revestida de técnica y buenos propósitos, cuando intenta convencer a la ciudadanía  que la ciudad debe crecer ordenadamente sobre la Reserva Thomas van der Hammen, para que no les asfixie la densificación o para no devorarse la Sabana de Bogotá, está un interés un tanto más mezquino, cual es legalizar sus predios, actuación administrativa que concreta los beneficios propios de ser incorporado al suelo urbano, el principal de ellos el incremento en el precio y la posibilidad de transformaciones en los inmuebles.  Habrá que ver si para el Alcalde esto también es irrelevante.

El Editor

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