Amenazas de desalojo en el barrio San Germán

20 noviembre, 2016 |
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El cielo de la tarde del pasado seis de octubre fue interrumpido por el rasguño de un helicóptero en el aire. Justo debajo de él se encontraba el barrio San Germán, localizado en Usme, donde habitan más de 350 familias, muchas de ellas desplazadas por el conflicto armado. Mientras el helicóptero sobrevolaba la zona, mujeres, ancianos, personas con discapacidad y niños continuaban con un día normal en el barrio, entre casas arrumadas hechas con lata, madera y cemento.

Un rato después del episodio del helicóptero, cientos de miembros de la policía, el ESMAD y la Sijin llegaron al barrio, rodeando las casas y a sus habitantes, para que firmaran un papel. “Lo primero que le dijeron a las personas que se encontraban a su paso era que iban a hacerle un censo a la población, lo cual nos generó mucha desconfianza porque la policía no hace censos”, afirma Javier Enríquez, habitante del sector y miembro de la Plataforma Juvenil de San Cristóbal. De anunciar un supuesto censo, la policía pasó a intentar desalojar gente de sus casas: “los más asustados eran los niños y los abuelitos porque no tenían cómo defenderse”, cuenta Enríquez, quien también afirma que la gente del barrio se abstuvo de firmar los papeles que la policía tenía. En medio del enfrentamiento, la policía capturó y se llevó a seis personas de avanzada edad, según cuenta él, por una acusación común en los barrios de los Cerros Orientales: la de ser tierrero.

El término se refiere a un delito que, como explica Enríquez, consiste en invadir y adueñarse ilegalmente de un predio que pertenece a otra persona, al Estado o es zona de reserva forestal, y vendérselo a un tercero, estafándolo. Según Semana, para 2015 el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), tenía cerca de 300 procesos judiciales por delitos de este tipo. De hecho algunos predios antes de ser reclamados ya habían sido negociados varias veces. “Pero en el barrio no era cierto lo de los tierreros porque los capturados no estaban vendiendo terrenos, sino que estaban construyendo su propia casa”, alega Enríquez, quien asegura que ese día se llevaron a varias personas sin tener ninguna orden de captura. Una de las localidades más afectadas por esta problemática es la localidad quinta de Usme, la cual, según un informe de El Espectador, para mayo de este año tenía 5424 predios ilegales en su territorio, después de la localidad de Ciudad Bolívar que supera los 22,000.

La problemática de los tierreros y de los asentamientos ilegales fue motivo de debate ese mismo día, citado por la bancada de Cambio Radical. Allí Miguel Uribe anunció la captura de una banda de tierreros en el barrio San Germán como muestra de  mano dura de la administración para defender los Cerros y  según información de El Tiempo,  el concejal de este partido, Yefer Vega, denunció con videos los rostros de las personas integrantes de la banda. Según el concejal, la problemática ha llegado al punto de que “Invaden, parcelan, venden y a uno que no pagó le cortaron la mano al estilo de lo que pasaba con las Convivir”, según este medio. Por su parte Manuel Sarmiento del Polo Democrático, según el medio HSB Noticias, criticó la falta de acompañamiento social por parte del Distrito con las poblaciones asentadas de manera ilegal en los cerros, muchas de las cuales son víctimas de desplazamiento por el conflicto armado.

Ese seis de octubre terminó en tensión total en el barrio San Germán, con toda la comunidad esperando un inminente desalojo, mientras la policía acordonaba la zona e intimidaba a algunos de los habitantes. “Aquí llegaron a interrogarme y rodearon mi casa con 16 efectivos del ESMAD y la Sijin”, protesta Arley Estupiñán Mosquera, presidente de la junta de acción comunal del barrio. “Acá dicen que hay delincuentes, nos catalogaron de lo peor, lo televisaron por Caracol, por City TV y eso me afecta mucho”. Enríquez por su parte cuenta que esa noche nadie durmió. “Mucha gente del barrio empezó a armarse con machetes, palos, piedras o lo que encontraran para evitar ser desalojados, y todos estuvieron prestando guardia por si algo pasaba. Nosotros fuimos a la Personería de Usme a preguntar qué acompañamiento se debía hacer en un desalojo y nos respondieron que fuéramos a la Defensoría del Pueblo”; sin embargo, cuando llamaron a la entidad, la respuesta fue que a ellos no les habían informado de ningún operativo.

La Secretaría de Ambiente cuenta una historia diferente. Según María Carolina Gómez, la subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad de la entidad, afirmó que después del seis de octubre, y de haber capturado a las seis personas, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU). “El PMU fue desactivado el viernes 7 de octubre por parte de la Alcaldía Local de Usme, debido a la falta de fuerza pública (Policía Metropolitana) para ingresar al sector de San Germán”, afirma la subdirectora.

A pesar de que Imagina Bogotá no pudo obtener respuesta de la Alcaldía Local de Usme, se sabe que la orden de desalojo de este asentamiento fue expedido por la entidad. Aparte de la presunta problemática de los tierreros que según varios habitantes de la zona existe desde el año 1986  el desalojo de este barrio donde viven familias desplazadas de casi todos los departamentos del país,  se intentó ejecutar porque al parecer el asentamiento está ubicado en una zona de reserva, decretada así por Peñalosa en el POT de 2000, durante su primer mandato.

Se trata de la zona conocida como Entrenubes, un “parque ecológico distrital de montaña”, como lo define la Secretaría de Ambiente. Según la entidad, el parque, que cuenta con una extensión de 626 hectáreas, está conformado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla de Gavilán, de las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme. En el parque nacen siete quebradas: Seca, Chiguaza, Bolonia, Verejones, La Olla del Ramo, Santa Librada y Yomasa, que desembocan en el río Tunjuelo, uno de los principales afluentes del río Bogotá.

En 2004, el POT designó la zona para “preservación y restauración de flora y fauna nativa y educación ambiental” y en 2005 se expidió el decreto 437, que habla sobre un Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de este parque y el Corredor de Restauración Santa Librada Bolonia, que a pesar de tener participación de la comunidad de la zona, entre otras ordena “no generar fragmentación de la cobertura vegetal nativa y no propiciar altas concentraciones de personas”, prohibiendo así el uso agrícola y pecuario, forestal productor, la recreación activa y la actividad minera e industrial de todo tipo.

Sin embargo, habitantes de la zona como Estupiñán o como Enríquez no están de acuerdo. Ambos argumentan que el barrio no queda dentro del parque Entrenubes, que el barrio pertenecía a una propiedad privada y que de igual forma existía mucho antes de que el parque se declarara zona de reserva. “El territorio donde nosotros estamos es un lindero con el terreno de Juan Rey no el parque Entrenubes”, afirma Estupiñán, que fue desplazado de su natal Buenaventura ya hace dos años. “Esto era propiedad privada y Peñalosa la declaró reserva forestal en su antiguo mandato, pero acá hay personas que son propietarias de varios terrenos; acá hay escrituras públicas y hay gente que recibe mes a mes los recibos del agua y de la luz”.

Enríquez explica con más detalle: “Esos terrenos son de unos empresarios que tenían allí unas canteras, y en el 98, a raíz de muchas demandas de la comunidad por la alta salinidad de la montaña, el Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía declarar la zona como reserva ambiental”. Para eso, el Distrito inició entonces un proceso de compra de los predios en la zona. “Compró dos fincas: Las Areneras y Las Delicias. Pero nunca compró ni expropió una finca, que se llama San Germán, y fue ahí donde empezaron a llegar las poblaciones”. Enríquez asegura que como el Distrito nunca terminó de negociar con los dueños del terreno, varios habitantes de vieja data del barrio contactaron por su lado a los dueños y les empezaron a comprar pequeñas parcelas. “El resto de familias como son desplazadas necesitaban vivir urgentemente en algún lugar, y no hicieron la compra del lote; ellos son okupas, por así decirlo, pero es que necesitan vivir en algún lado”.

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Foto vía Facebook, tomada por Nicolás Daccarett.

En efecto, el decreto 437 de 2005 reconoce a San Germán como una zona de alto conflicto social por los asentamientos que ya existían, pero al mismo tiempo como una zona de alta valoración social del Parque y se habla de control de nuevos asentamientos y de compra de predios, pero no necesariamente de reasentamiento de todo el barrio.   También identifica al interior del parque la existencia de 10 ladrilleras, dentro de las cuales se encuentra la de San Germán y  se refiere a concertación con Planeación Distrital sobre manejo de borde de asentamientos planificados en vías de aprobación sobre la Quebrada Santa Librada.

Asimismo, un documento realizado en 2010 por la Secretaría de Ambiente, que considera a Entrenubes “un escenario de dimensiones únicas donde el conocimiento de las estructuras y las relaciones existentes entre los diferentes grupos socioeconómicos es vital para lograr la planificación adecuada de este territorio”, afirma que de 1989 a 1999 el parque perdió más de 800 hectáreas por asentamientos humanos, más del 55% del territorio, razón por la cual se empezaron a tomar medidas para su recuperación. En el documento se lee: “Si se consideran los problemas de violencia del país y el número creciente de desplazados que se ubican en áreas marginales de la ciudad, aunado a los problemas socio-económicos a los que se enfrenta la capital, el parque Entrenubes se convierte en un área vulnerable y corre el riesgo de que si no se toman las medidas correctivas pertinentes, se pierda definitivamente”.

El mismo documento afirma que, para esa fecha, el 30% del área del parque correspondía a predios ya adquiridos por el Distrito Capital, siendo el resto de la reserva terrenos de particulares que presentan conflictos legales y donde sus habitantes (legales e ilegales) presentaban mucho arraigo a la zona. “Hay una gran historia de migraciones, esfuerzos comunes, imaginarios colectivos en todos los pobladores del parque y de los bordes que debe rescatarse como valor histórico”, afirma el documento.

¿Entonces las soluciones a la problemática del barrio San Germán se fueron dilatando con el tiempo? ¿La compra de los terrenos quedó a medias? Si el barrio existía desde 1989 o incluso antes y no está realmente incluido dentro de la zona de reserva, como varios habitantes afirman, ¿Por qué está siendo desalojado tantos años después? Es cierto que el asentamiento se mantiene más en la zona de la ilegalidad que de la legalidad, ¿pero por qué el interés de desalojar a los habitantes se despierta ahora?

Estupiñán, quien desde el día del operativo teme por su seguridad en el barrio, tiene una teoría. “Lo que pasa es que la Alcaldía y el Concejo de Bogotá quieren tomarse estas tierras para construir apartamentos, y con base en eso, ellos tienen que generar unas acusaciones para poderse justificar”, afirma. “Las acusaciones que nos están haciendo son totalmente falsas, acá todas las personas tienen su profesión; yo por ejemplo soy profesor de música y danza, tengo estudios en salud ocupacional y también sé cosas de construcción, mercadeo y finanzas, pero con todo este problema no he podido salir a trabajar, me ha quedado muy difícil”.

Estupiñán es presidente de la junta de acción comunal desde hace un año y ocho meses: “yo era el representante de la comunidad de manera extraoficial, y luego me eligieron formalmente como presidente de la junta desde hace siete meses”. Desde esa elección, la Alcaldía lleva ofreciéndole una casa en el norte a Estupiñán a cambio de abandonar el barrio, según cuenta él. “A mí me ofrecieron el soborno antes del desalojo, desde hace ocho o nueve meses, cuando la población todavía no había crecido tanto como en estos meses”, afirma. “Alguien vino hasta acá y me hizo la notificación de que me acercara a la Alcaldía para iniciar un proceso de reubicación para mí. Yo ya me las olía y no quería ir, pero igual terminé yendo”. Una vez en la Alcaldía, Estupiñán afirma que un funcionario de la entidad le aseguró que le estaban buscando un apartamento en el norte de la ciudad a él y a otra persona que él escogiera. “Allá me decían que dejara ese poco de malagradecidos solos y que ellos se encargaban de tumbar eso. Yo les dije que no quería ningún apartamento, que prefería morir con mi gente acá en el barrio, y eso fue lo que no les gustó”. El líder afirma que desde que fue al Concejo de Bogotá hace un par de semanas a dejar clara la posición del barrio, empezó la persecución.

Desde el intento de desalojo, Estupiñán afirma que miembros de la Policía y la Sijín han estado rondando su casa e incluso una vez intentaron llevárselo, pero él no estaba. “Yo tengo unos compañeros en la Policía y me dijeron que me podían hacer algo… que hasta me podían mandar a matar”, sentenció. “Yo no puedo andar solo y la verdad siento mucho temor, porque yo sé que cuando esa gente quiere algo buscan tumbar y matar a los líderes. En la Policía me dicen que tenga mucho cuidado… es que la idea de la Alcaldía es desalojarnos o desalojarnos”.

Enríquez, que no ha tenido la misma suerte, está convencido de los intereses inmobiliarios del distrito. “Hemos visto que la Alcaldía y algunos concejales están impulsando ciertos proyectos de vivienda para la constructora Bolívar, precisamente por este sector”, afirma. “Entonces vemos un doble discurso por parte del Distrito: por un lado nos desalojan y por el otro están sembrando indiscriminadamente eucalipto, que lo que hace es chupar la tierra y prepararla para la construcción de urbanizaciones encima”.

Desde ese seis de octubre, la comunidad se ha estado asesorando de abogados como los del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo CAJAR. Sebastián, uno de los abogados que en este momento está en frente del caso afirma que los proyectos inmobiliarios pertenecen al sector financiero. “El tema de si este barrio está dentro de la reserva del parque Entrenubes o no es algo que todavía toca resolver, porque exactamente ellos no están dentro de una zona de reserva sino que son colindantes”, afirma el abogado. “Lo que pasa es que la Alcaldía se va a pegar de cualquier cosa para sacarlos”.

Sebastián me explica un punto clave en la situación del barrio San Germán y es que este ya estaba entrando en un proceso de legalización durante la alcaldía de Petro. “Ellos estaban promoviendo el tema de los ecobarrios, que es una visión distinta del desarrollo,  coherente con  la modificación excepcional que había hecho al POT la administración de Petro”, modificación que  fue suspendida por una magistrada del Consejo de Estado, y a la que la administración de Peñalosa está dando un cambio sustancial.

Sin embargo, los habitantes siguen viendo en los ecobarrios su as bajo la manga. “El pasado domingo 16 de octubre nos reunimos en el barrio Virrey de Usme los habitantes de todos los barrios del sector que tenemos orden de desalojo”, me cuenta Enríquez. “Somos 7 barrios en Usme como el de San pedro, San Germán, El Uval o Villa Chica, que limitamos entre las localidades de Usme y San Cristóbal”. Ese día, los habitantes de los barrios se reunieron para volver a elaborar una propuesta relacionada con los ecobarrios, la cual implica casas construidas con materiales biológicos, pactos ambientales entre los habitantes de la zona y el Distrito de reforestación conservación y ecoturismo en el parque, que al mismo tiempo se convertiría en una opción laboral para la población. “Esas propuestas se han presentado hace más de seis años”, afirma Enríquez, quien afirma que algunos barrios ya han tenido la suerte de tener una reubicación. “En los barrios Aguasclaras, Laureles y Corinto ya solo quedan tres casas porque lograron una reubicación y los mandaron para el Tintal”.  “Nosotros seguimos con nuestra propuesta de ecobarrios y reforestación porque ahí está nuestro derecho a lo que es una vivienda digna”, alega Estupiñán. “Ahora ellos nos dicen que es un espacio no habitable, pero al mismo tiempo se contradicen impulsando proyectos de vivienda en la misma zona”.

Para el abogado de la CAJAR el tema de implementar la propuesta de los ecobarrios es complicado, pues no está incluida dentro del  POT que volvió a quedar vigente luego de que cayó el de Petro y para empeorar el panorama, Peñalosa va a presentar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, la esperanza es que el barrio “logre continuar con el trámite de la legalización urbanística y quizá ahí se logren cosas”.

El objetivo del colectivo de abogados es lograr la legalización del barrio, a pesar de que unos tienen escrituras y otros no. “Lo que nosotros más alegamos es que la mayoría de la población de ese barrio es vulnerable, porque es población desplazada”, explica el abogado. “Ya pedimos una información concreta de planos, y vamos a adelantar una acción judicial para intentar ayudarles en ese proceso a los habitantes del barrio. Lo que me preocupa es que la comunidad me cuente que ha habido presiones por parte del Distrito; lo que hicimos por ahora fue mandar una alerta temprana a la Defensoría sobre lo que estaba sucediendo”.

Sebastián es claro con el tema de la legalización y la reubicación. “Eso depende mucho de qué intereses haya sobre los terrenos: si hay un terreno que no le importa a nadie, se hace rápido la legalización del barrio, pero si existen intereses de cualquier tipo o inmobiliarios como en este caso, ahí sí hay problema y tratan de sacar a la gente para construir”.

Sin respuesta por parte de la Alcaldía Local, me puse a averiguar por mi cuenta si existía evidencia de estos tales proyectos inmobiliarios. Hace cuatro meses, Radio Santafé publicó un artículo sobre cuatro planes parciales de vivienda en diferentes localidades, que “brindarán 40 mil nuevas unidades de vivienda para los bogotanos”. Uno de ellos es el proyecto Tres Quebradas y otro el de Usme Central que, según el medio, se realizará en un área de 180 hectáreas, donde se construirán 26mil nuevas viviendas, además de obras importantes como la prolongación de la Avenida Caracas.

Según el artículo, también se desarrollarán proyectos en el sector Entrenubes, donde se construirá un mirador y otro plan de vivienda se llevará a cabo en la localidad de San Cristóbal. “Los decretos que adoptan estos planes parciales deben quedar listos este año y a partir del próximo año se iniciarán las obras de urbanismo”, fueron las declaraciones para el medio que hizo Wilben Palacios Barrera,  gerente de Metrovivienda en ese momento.

Al seguir investigando, me di cuenta que la página inmobiliaria Finca Raíz ya tiene en su página publicado el proyecto. La descripción habla de “un nuevo proyecto de apartamentos VIS que realizará Constructora Bolívar, el cual se ubica entre los barrios Nueva Delhi y Juan Rey en la localidad de San Cristóbal, sobre la futura Avenida Circunvalar y Calle 66 Sur, al sur oriente de la ciudad”.

¿Será que el desalojo realizado al barrio San Germán es causado por el afán del Distrito para cumplir con esas obras el año que viene? ¿Estarán desahuciando a algunas personas para darle techo a otras? ¿Y será que solo se trata de este proyecto o habrá otros proyectos inmobiliarios para el sector financiero, cómo mencionó el abogado?

Al indagar con personas cercanas a este proceso, afirmaron que la alcaldía de Peñalosa tramitó la aprobación de un acuerdo que suprimió a Metrovivienda, una entidad de enfoque social que gestionaba el suelo para el acceso a la vivienda, la cual fue fusionada con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, que tiene un énfasis diferente: el de promover negocios inmobiliarios.

Los expertos en temas de riesgos trabajan con la ecuación amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre y vulnerabilidad tiene que con la mayor o menor resistencia a la amenaza o la capacidad de reponerse luego de que este ocurra. Por tanto, depende de muchos factores y no es algo tan tajante de definir, porque hay alternativas para  manejarlo.

Entidades como el IDIGER iniciaron experiencias de uso de bioingeniería dentro de propuestas como la de los ecobarrios, que al parecer pueden seguir siendo alternativa a los desalojos de barrios como el de San Germán. Asimismo, en Medellín es conocida la experiencia del barrio Juan Bobo donde fueron relocalizadas familias en edificios, dentro del mismo sector donde vivían en riesgo.

Esta situación de desalojo, amenazas, y la incertidumbre que eso crea, es el pan de cada día hoy en muchos barrios populares. A las condiciones precarias de vivienda y salubridad en los barrios se le suman la zozobra y la inseguridad, mientras se espera por un proceso de legalización o una reubicación que parece interminable. Para muchas comunidades, los reasentamientos gestionados por el Estado son la mayor amenaza y crecen las dudas sobre si lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de los habitantes o abrir paso a quienes pueden pagar la adaptación al riesgo.

“Nosotros entendemos que la Policía en este caso está cumpliendo órdenes y los que tienen intereses específicos sobre el espacio son la Alcaldía y el Concejo de Bogotá”, afirma Enríquez. “Intereses económicos con las alianzas público privadas, con las inmobiliarias, con las constructoras…”. Desde que se realizó el desalojo la Alcaldía de Usme no se ha pronunciado ante la comunidad, y Arley Estupiñán sigue esperando, mientras se mueve por su lado. “Yo intenté dialogar con ellos pacíficamente, pero nunca han accedido. Hemos estado siempre a la espera pero nunca lo han querido hacer”, afirma. “Yo creo que nosotros tenemos un derecho y el Distrito nos lo debe respetar. La constitución habla de una vivienda digna para todos los colombianos, y ahora la ley 1448, la de víctimas y restitución de tierras nos ampara de cierta manera. Ellos están decidiendo qué leyes cumplir y qué leyes no, y eso no es así”.

En el caso del Barrio San Germán, el silencio por parte del Distrito sigue imperando. Mientras tanto, los habitantes del barrio San Germán siguen tocando puertas y esperando una respuesta hasta que alguien, con el poder suficiente para interrumpir y desviar los intereses que se mueven detrás del territorio de su barrio, se siente a escucharlos.

*Foto de portada:  Foto tomada vía Comisión en Defensa del Territorio Fucha, en Facebook.

Nathalia Guerrero

Periodista. Cazadora del misterio de las pistas de baile colombianas en THUMP Colombia. Narradora de fenómenos urbanos y underground en VICE Colombia.

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