Volvamos “sexy” el POT de Bogotá

9 enero, 2016 |

El pasado primero de enero, Bogotá, como la mayoría de los municipios del país, tuvo la posesión de su nueva administración local. Enrique Peñalosa, quien luego de casi 15 años repite alcaldía, viene de ser elegido después de una larga carrera electoral y le preceden muchas reservas, no solo a raíz de cuestionamientos derivados de su primera gestión, sino por los avales y apoyos políticos que le permitieron lograr su regreso al Palacio de Liévano.

Contrario a lo que plantean algunos, la ciudad no dejará de ser un campo de batalla ideológico sobre qué modelo de desarrollo debe seguir y bajo qué enfoque debe ser  gobernada.

Más allá de estas preocupaciones y de los anuncios que ya ha venido haciendo la entrante administración, que no son nuevos, es importante empezar a hacer un ejercicio de debate público sobre las intenciones que ha ido develando el discurso de esta nueva administración; entre otros, el énfasis en temas como la movilidad, obras de infraestructura, seguridad e inversión económica. Contrario a lo que plantean algunos, la ciudad no dejará de ser un campo de batalla ideológico sobre qué modelo de crecimiento y desarrollo debe seguir y bajo qué enfoque debe ser administrada y gobernada. Y eso no es del todo malo, como se quiere hacer creer. Es algo sano y demuestra que esta ciudad es dinámica y le gusta debatir sobre su presente y futuro. Pero a eso hay que imprimirle más acciones concretas.

En ese sentido, una de las tareas más importantes que ha propuesto esta nueva administración es la de construir y presentar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, en donde podrán cobrar vida muchos de los ambiciosos proyectos que plantea la administración, como un “Circuito Ambiental” que ha despertado más suspicacias que elogios; o grandes obras de infraestructura (por ejemplo, la ALO) y la concepción, en aras de mejorar la seguridad, del “aseo y limpieza” del espacio público, un asunto que ya ha empezado a generar diversas reacciones (y acciones) que merecen ser discutidas con un mayor rigor y profundidad, más allá de argumentaciones moralistas.

El POT es una carta de navegación territorial: establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad.

Este anhelo de un nuevo POT, más que particular de la administración de Peñalosa, es realmente un mandato pendiente para la ciudad en el marco de la Ley 388 de 1997 (y subsecuentes normas), a pesar de que la administración saliente (de manera muy bien intencionada, pero torpemente ejecutada en términos políticos) intentó modificar el que se encuentra vigente. Esta tarea no hay que dejársela sólo al nuevo alcalde y a los sectores cuyos intereses representa. El POT es una carta de navegación territorial. A pesar de las limitaciones que ofrece el marco normativo nacional y local de la planificación territorial, dicho instrumento sigue siendo fundamental y en el mismo caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional, por ende hablamos de lo urbano-rural) y del espacio público: desde la dotación de servicios urbanos, el cómo se desarrollan las funciones económicas, sociales y culturales de la ciudad y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, su relación con la región e incluir elementos de riesgos y adaptación al cambio climático (Ley 1523 de 2012).

Por tanto, hay que recordarle y exigirle al alcalde que a él (y a su equipo) simplemente se le ha delegado la tarea de administrar y gobernar este territorio, no se le eligió para hacer lo que le manden “otros”, en este caso, quienes se encargaron de llevarlo a la Alcaldía Mayor. No es un secreto que detrás de Peñalosa, además de Cambio Radical, se encuentran los intereses del sector inmobiliario y de infraestructura. Vale la pena decir que no es del todo malo que el sector privado apoye el desarrollo de obras de interés público, pero ya hemos visto que para Bogotá y Colombia ese no ha sido precisamente el caso.

En este punto cabe indicar que lo público no es sólo donde se determina de manera colectiva los principios que rigen la vida en común, sino que representa el espacio en donde caben múltiples miradas que interpelen y se contrapongan a la supremacía de poderes dominantes particulares, como por ejemplo los intereses de conglomerados económicos y monopolios. Por tanto, la “apolitización” de los temas de ciudad en este momento es muy peligrosa. Y no se trata de ir por Peñalosa o por el saliente alcalde Gustavo Petro, no. Eso sería una discusión sobre populismo, la cual no nos ocupa en este texto.

No es un secreto que detrás de Peñalosa, además de Cambio Radical, se encuentran los intereses del sector inmobiliario y de infraestructura.

Volviendo al POT, este instrumento establece mecanismos e instancias de participación y representatividad que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad, con el fin de garantizar que en el espacio urbano-rural primen los bienes comunes sociales, culturales y ecológicos. Claro, es un tema que para muchas personas sigue estando en un ámbito nebuloso y poco “sexy”, pero es precisamente deber del Gobierno local promover el conocimiento y la participación efectiva bajo este tipo de mecanismos y las instancias que se establecen para su concertación. Asimismo, se debe reconocer que en Bogotá existen procesos sociales territoriales que han promovido otras formas de ser y vivir en la ciudad, como por ejemplo en su ruralidad, silenciada en el actual discurso oficial, o en las organizaciones, colectivos sociales y personas que defienden en lo cotidiano ríos, humedales, cerros e incluso el espacio público en general.   

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Foto: Angélica Conde

Por último, guste o no, actualmente existen procesos concertados entre autoridades locales, regionales, instancias de justicia y ciudadanía organizada, como el cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado con temas como los Cerros Orientales y el Río Bogotá (borde oriente y occidente), que deberán continuar a pesar de mensajes que ha enviado Peñalosa sobre estos temas, que más que informar intenciones de gobierno, buscan “cañar” a la opinión pública sobre sus verdaderas intenciones: favorecer la expansión urbanística en función de la especulación financiera. A esto se suman preocupaciones sobre la expansión en otros bordes de ciudad, caso más visible el de la Reserva Thomas Van der Hammen, pero también el del borde urbano-rural sur.

Habrá entonces que estar muy pendientes del proceso con el POT. El debate está abierto y ojalá se despersonalize (que si esto es “peñalosista” o si esto es “petrista”); el escenario, al parecer adverso para cambiar la tendencia, aún cuenta con los instrumentos legales suficientes que deben ser legitimados también con acción asertiva, movilización social y debate público a través de todos los medios disponibles. Lo que está en juego es detener la continuidad de un modelo de ciudad claramente insostenible, y apostarle hacia una transición de ciudad realmente “para todos”, y no un “todos” homogéneo, sino afincado en la diversidad social, cultural y ecológica inherente a Bogotá.

Germán Quimbayo

Ecólogo – MSc. en Geografía Recorriendo y “estudiando” a Bogotá, he cultivado ante todo mi ser y oficio. He tenido experiencia en temas de ordenamiento territorial y participación comunitaria ambiental en entornos urbanos, tanto como investigador independiente como haciendo parte de procesos con instituciones del ámbito Distrital y Nacional. Actualmente soy estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de Estudios Geográficos e Históricos de la Universidad de Eastern Finland. Ah, y amo apreciar música. Twitter: @gquimbayo Página de Internet: https://uef.academia.edu/gquimbayo

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