Si todos los cuadrantes son como el cuadrante 20 en Bogotá no hay Secretaría de Seguridad que valga

1 abril, 2016 |

La administración Peñalosa se compromete en su anteproyecto de Plan, Bogotá Mejor para Todos, con aumentar de 28% a 40% el porcentaje de personas que consideran que su barrio es seguro y a disminuir la tasa de hurto a residencias, pero no hay una meta de reducción de la tasa de atracos. El cumplimiento de estas metas depende en gran medida del desempeño de la Policía Nacional que, como su nombre lo indica, no es una entidad del Distrito. Si todos los cuadrantes son como el cuadrante 20 de Bogotá, por más Secretaría de Seguridad, Peñalosa no va a cumplir las metas.

Los cuadrantes, del dicho al hecho…

El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes  es una idea interesante para aproximar la policía a la ciudadanía y para mejorar la eficacia de la institución. Pero si en la práctica todos están funcionando como el cuadrante 20, no va servir de mucho la nueva Secretaría de Seguridad y el Plan de Desarrollo no se va a cumplir. El cuadrante 20 cubre el barrio La Macarena, arriba de la Plaza de Toros, lugar donde son frecuentes los atracos y robos a residencias y vehículos; en ciertas épocas la situación se agrava sustancialmente y los vecinos protestan, mediante manifestaciones, quejas a la policía y a la alcaldía, informes de prensa y de radio.

Lo que se observa en el cuadrante 20 es que no hay un ejercicio serio, sistemático y eficaz de patrullaje que disuada a los ladrones y atracadores.

Cuando la queja de los vecinos alcanza cierto nivel o el periódico El Tiempo hace un editorial sobre la situación, los comandantes de estación y a veces el propio comandante de Bogotá, organizan una reunión con los vecinos, manifiestan que es un problema socio-económico muy serio, le echan la culpa a la justicia que suelta a los ladrones capturados, y se comprometen a reforzar la vigilancia solicitando a los vecinos que sean corresponsables. Durante los días siguientes el barrio se ve inundado de carros de policía, motos, agentes a pie, toda la presencia de la ley. Pero muy pronto, como por arte de magia, desaparecen y comienza un nuevo ciclo de incremento en los robos y atracos.

Según el reglamento de Policía, cada cuadrante debe tener un diagnóstico de la situación de seguridad y convivencia y un plan de acción; en alguna oportunidad se le solicitó a la Policía que entregara estos instrumentos y solo fue posible mediante un derecho de petición. No solo el diagnóstico era pésimo -registran únicamente las denuncias formales, no los reportes de los vecinos- sino además no entregaron el plan que se les pidió. Lo más probable es que ni siquiera exista. El hecho concreto es que la policía no tiene una estrategia preventiva real. Más que capturar y sancionar, lo que agrava la situación carcelaria, lo importante es prevenir que ocurran los delitos. Pero lo que se observa en el cuadrante 20 es que no hay un ejercicio serio, sistemático y eficaz de patrullaje que disuada a los ladrones y atracadores.

El anteproyecto no tiene un diagnóstico de las debilidades de los cuadrantes

Seguramente son muchos los factores que inciden en este deficiente desempeño, desde limitaciones de recursos hasta posibles prácticas corruptas, como denuncia con frecuencia la prensa y la propia institución. El anteproyecto del PDD de Peñalosa establece como una de sus estrategias el “Mejoramiento de la percepción de seguridad de los ciudadanos”; no el mejoramiento de la seguridad, que es lo que realmente importa. Tiene sentido que, para lograr este objetivo, se proponga fortalecer el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) en las zonas de mayor incidencia de delitos, pero ¿por qué no buscar que funcione el modelo en toda la ciudad?

El cumplimiento de estas metas depende en gran medida del desempeño de la Policía Nacional que, como su nombre lo indica, no es una entidad del Distrito.

El anteproyecto no dice mucho más. Hay un análisis de las cifras sobre delitos, pero no se dice nada sobre las causas, y no se refiere al desempeño del modelo de cuadrantes. Se propone fortalecer el modelo –asumimos que está débil- pero el anteproyecto no dice nada sobre esas debilidades. También menciona, brevemente, una diferencia entre el número real de delitos y las cifras oficiales. Es comprensible, aunque no justificable, que un comandante de estación o de CAI no esté interesado en que aumenten las cifras de atracos o robos a residencias en su jurisdicción, razón por la cual la Alcaldía debería proponer esquemas independientes de auditoría y generación de la información. Sin embargo, el anteproyecto ni siquiera propone medidas concretas para mejorar la información por cuadrantes. Un plan serio, de un Alcalde que prometió dar prioridad a la seguridad, debería al menos exponer qué balance hace del desempeño de la policía y sus comandantes, tal como establece la ley 62 de 1993, dentro de las funciones del alcalde.

¿Quién responde por la seguridad frente a los ciudadanos?

Las autoridades distritales, en las normas, no tiene herramientas para administrar efectivamente un tema tan sensible para la ciudadanía como lo es la seguridad.

La garantía de la seguridad es principalmente una competencia nacional: el Jefe Supremo de la Policía Nacional es el Presidente de la República, atribución que puede ejercer mediante el Ministro de Defensa Nacional o a través del Director General de la Policía. La ley (artículo 12 de la ley 62 de 1993) dice, sin embargo, que el Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente, y que la Policía Nacional deberá cumplir con prontitud y diligencia las órdenes que le impartan dichas autoridades por conducto del respectivo comandante. A su vez, el mando operativo será ejercido por los comandantes departamentales y municipales. En conclusión, el comandante de Policía de un distrito o municipio tiene dos jefes (sin contar el jefe supremo): el Alcalde y el Director General de la Policía. Ahora bien, la ley habla de jefe superior cuando se refiere al Ministro, al Director y al Presidente, pero no hace lo mismo con el Alcalde y el Gobernador a quienes denomina primeras autoridades de la Policía en su territorio, una expresión con menos fuerza que jefe superior. ¿Es esto conveniente?  ¿Es adecuado que un comandante de policía tenga dos jefes? ¿Funciona en la práctica? Un comandante sensato que sabe que su cargo, su carrera y su ingreso dependen de la institución policial, preferirá obedecer primero a su superior de la Policía que al Alcalde.

Las autoridades distritales, en las normas, no tiene herramientas para administrar efectivamente un tema tan sensible para la ciudadanía. De modo que, aunque el responsable de fondo de la seguridad es el Presidente de la República, el gobierno nacional se las ingenia para trasladar a los alcaldes las responsabilidades por los malos resultados. La orientación política y el carácter de las autoridades puede facilitar u obstaculizar la coordinación, pero el problema no es solo de voluntad individual. Si el cuadrante 20 no garantiza la seguridad de los ciudadanos, ¿quién es el responsable políticamente? ¿El presidente Santos o el alcalde Peñalosa?