Cheque en blanco a Miguel Uribe para decidir destinación de 3,6 billones de fondos de localidades

16 junio, 2016 |

 

Dentro de los cheques en blanco que la Administración Distrital solicitó al Concejo, y éste le aprobó, se encuentra uno que no recibió mucha atención ni debate. Mientras que se dio una gran discusión sobre la conveniencia de la venta de la ETB, estimada en la discusión aproximadamente de 1,9 billones, el Concejo aprobó silenciosamente en el plan de inversiones un total de 3,6[1] billones para los fondos de desarrollo local, cuya destinación deberá ser definida por la Secretaría de Gobierno en cabeza de Miguel Uribe Turbay.

Esta enorme suma, dos veces el valor estimado de la ETB, corresponde al 10% de los ingresos ordinarios del Distrito, que por mandato del Estatuto Orgánico de la Ciudad (Decreto 1421 de 1993), deben destinarse obligatoriamente a los 20 fondos de desarrollo local de la ciudad. De acuerdo con la Constitución y la ley, estos recursos se deben dirigir a financiar las competencias que el Concejo de Bogotá, a iniciativa del alcalde, asigne a las localidades en un acuerdo. En el marco de este acuerdo, cada localidad debe elaborar y aprobar su plan de desarrollo, mediante un proceso participativo, y distribuir los recursos disponibles entre las distintas competencias asignadas.

La definición de esas competencias es un requisito muy importante, por cuanto es la base para determinar los bienes y servicios que son responsabilidad de las localidades con respecto a sus ciudadanos y el marco para poder definir la estructura administrativa y la planta de personal requerida. Adicionalmente, porque si no se delimitan claramente las competencias centrales y las locales, se genera confusión, duplicidades e ineficiencia en el gasto. La administración Peñalosa es consciente de esto y lo plantea en las Bases del Plan: “Es necesario precisar que las localidades no tienen competencias claramente definidas y diferenciadas de las del sector central de la Administración Distrital, lo cual genera una duplicidad de las acciones y, por ende, menor cobertura e impacto de las mismas». (p. 320). En otras palabras, la administración propuso y el Concejo le aprobó un presupuesto de $3,6 billones sin saber todavía a que se van a destinar.

Sin embargo, en el Plan de Desarrollo no se incluyó ninguna norma de asignación de competencias a las localidades, ni tampoco se comprometió la administración a presentar el proyecto de acuerdo correspondiente. Por el contrario, en un claro incumplimiento de la ley, tanto la administración como el Concejo tomaron la decisión de dejar en manos de la Secretaría de Gobierno esta definición de competencias, según lo planteado en las Bases del Plan, que hacen parte integral del Plan de Desarrollo en el artículo 39 del Acuerdo 645 de 2016.

En siguiente la tabla se compara el texto de las Bases del Plan con el artículo correspondiente del Estatuto Orgánico de la Ciudad.

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El Estatuto Orgánico es claro: le corresponde al Concejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, hacer la distribución de competencias y funciones administrativas entre las autoridades distritales y locales. Mediante un Acuerdo del Concejo no se puede modificar la ley y por tanto lo aprobado en las bases del Plan es ilegal. El Alcalde Peñalosa debe elaborar y presentar a consideración del Concejo un proyecto de acuerdo con la distribución de competencias, mediante el cual se modifique el acuerdo 6 de 1992 que según concepto de la oficina jurídica de la propia alcaldía está vigente.[4]

Según el Acuerdo 13 de 2000, los alcaldes locales deben tener elaborada su propuesta inicial del plan de desarrollo el 20 de junio. Los recursos de los fondos de desarrollo local sólo se pueden destinar a las competencias asignadas (Artículo 87 del Estatuto Orgánico). Si para este momento no está aprobado un nuevo Acuerdo los alcaldes locales y juntas administradoras locales deben destinar los recursos a las competencias establecidas en el Acuerdo 6 de 1992, de lo contrario estarían prevaricando.

Los recursos de los Fondos de Desarrollo Local son enormes y por tanto es necesario establecer reglas transparentes que limiten la discrecionalidad de los funcionarios en su distribución general y ejecución. La administración Peñalosa, además de usurpar la ley, no propone un esquema transparente y por tanto crea un contexto favorable para prácticas irregulares y corruptas.

 

[1]  Artículo 38,  tabla con el consolidado de inversión. El valor exacto es $3.669.985.000.000.

[2]  Plan de Desarrollo 

[3] Estatuto Orgánico de la Ciudad 

[4]  Concepto 40 de julio 23 de 2007, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

Alberto Maldonado

Economista de la Universidad Externado de Colombia, Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense. Interesado en temas como administración pública, descentralización territorial, desarrollo regional y urbano y desarrollo institucional. institucional.

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