Inclusión educativa

4 febrero, 2016 |

Hace poco más de un mes, en su discurso de posesión, el alcalde Enrique Peñalosa se refería de esta manera al tema de respeto a la diversidad en las instituciones educativas: “Queremos una Bogotá sin machismo, donde en los colegios se respete a los jóvenes de diferentes orientaciones sexuales…”

Esto quiere decir que habrá acciones y políticas encaminadas a disminuir la discriminación por razones de orientación sexual, lo cual es una obligación de todas las entidades educativas del país, puesto que existe una sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Ministerio de Educación Nacional la conformación de un Comité Nacional que coordine un sistema unificado de convivencia escolar con comités departamentales, distritales y municipales; también debe verificar la conformación y funcionamiento de comités de convivencia en las instituciones educativas y revisar los manuales de convivencia para verificar que respetan la diversidad de orientaciones sexuales y de identidades de género.

Problemática

Ha sido complicado que, dentro del imaginario de los beneficios colectivos, se entienda la importancia del respeto a la diversidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Es un hecho desafortunado que el fortalecimiento de esta normatividad, que protege los derechos fundamentales en los ambientes educativos en Colombia se haya desarrollado como consecuencia de sucesos como los que llevaron al suicidio, en 2015, del estudiante Sergio Urrego. Sobre todo si se tiene en cuenta la tradición, ya existente, en cuanto a formulación de políticas y adopción de lineamientos internacionales sobre derechos humanos en general y específicamente de aquellos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual y la identidad de género.

Muchos factores culturales hacen que la puesta en práctica de las políticas y la garantía de los derechos enfrente obstáculos: la mayoría de la sociedad colombiana se rige por una fuerte tradición religiosa católica y cristiana que lleva a una construcción de valores y a una moral rígidas y basadas en convenciones y concepciones de sexo, género y sexualidad heredadas del binarismo macho/hembra, el modelo patriarcal y la negación de la dimensión sexual como parte integral de la constitución y construcción de humanidad y ciudadanía.

Las instituciones educativas no son ajenas al entorno sociocultural; las relaciones que se establecen allí entre los actores sociales están permeadas por una tradición de muchos años. En las políticas educativas se ha intentado impulsar el salto hacia modelos más constructivistas que fomenten el diálogo y las soluciones colectivas sobre los diferentes conflictos que se presentan en el ámbito escolar; en concordancia con una Constitución Política que propende por un Estado de Derecho y una democracia participativa.

El diálogo entre la primacía del interés colectivo con los preceptos de protección y garantía de derechos es complicado en la escuela: una institución acostumbrada a mantener orden y disciplina. Ha sido complicado que, dentro del imaginario de los beneficios colectivos, se entienda la importancia del respeto a la diversidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Es decir, en este entorno creado para controlar mentes y cuerpos, es difícil entender la práctica de la igualdad y la equidad. Por esto es muy significativo que el Alcalde Mayor haya contemplado el tema entre sus planes; teniendo en cuenta que esto es además su deber y el de la Secretaría de Educación Distrital.

Para el desarrollo de prácticas educativas incluyentes es necesario tomar en cuenta el entorno social y cultural donde se encuentra inmersa la educación. Un gran porcentaje de los hechos de violación a derechos fundamentales, como el de no ser objeto de discriminación por la identidad de género o la orientación sexual, surge de ideas e informaciones inadecuadas que desafortunadamente están muy arraigadas en la población y son reforzadas por los medios masivos de comunicación. Dentro de tal panorama, se hace imprescindible considerar a las escuelas y las personas como parte de un sistema sobre el cual se debe intervenir tanto de manera puntual como global.

Otro aspecto derivado que se debería tener en cuenta son las particularidades y especificidades de comunidad educativa. Con base en una perspectiva de derechos integral, la construcción de entornos incluyentes debe ser colectiva y adaptada a las características de cada centro educativo y de quienes lo conforman.

Posibles rutas de atención

La ruta clásica de brindar atención sólo a la persona y su familia corre el riesgo de fomentar la estigmatización.

Para garantizar que no se vulneren los derechos a la intimidad, a la igualdad, a la no discriminación, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, y otros conexos, es imprescindible que se difunda un conocimiento claro sobre lo que estos significan y sobre sus aplicaciones en materia de diversidad sexual y de géneros.

La normatividad vigente obliga a los centros educativos a mantener un comité de convivencia que se integre a un sistema unificado. Este sistema constituye una plataforma desde la cual crear movilización para el cambio social desde la educación.

Para la construcción de las rutas de atención es necesario difundir entre los actores educativos el conocimiento de que todas las personas formamos parte de la diversidad; es decir: la diversidad humana no es un asunto de las minorías sino de reconocer a cada individuo como participante en la construcción de lo colectivo. De esta manera, se puede impulsar un conjunto de acciones coordinadas encaminadas a proyectos de atención que trasciendan el modelo de solución a casos para dar paso a la posible construcción de espacios de convivencia en donde la diversidad sea un motivo de celebración.

Esto se puede traducir, en la práctica, en rutas de atención que pongan en relieve las relaciones entre personas sobre la solución de problemáticas puntuales. Un ejemplo hipotético de tal abordaje es el siguiente: en el caso de una chica que manifiesta públicamente en la escuela su identificación masculina; es decir, que comienza un tránsito hacia hombre trans, debería integrarse desde el comité una acción coordinada en la cual participen su familia, compañeros y compañeras de clase, padres y madres de familia, docentes y personal relacionado.

La ruta clásica de brindar atención sólo a la persona y su familia corre el riesgo de fomentar la estigmatización o de que el asunto sea considerado como un tema aislado que no pertenece al interés general. Así mismo, ante los casos de acoso o discriminación por orientación sexual se puede avanzar por el camino del diálogo colectivo para encontrar compromisos y soluciones que permitan crecer como comunidad que fomenta una práctica educativa incluyente y respetuosa.

También es prioritaria la producción de piezas comunicativas y materiales de apoyo, y que los sistemas de convivencia escolar trabajen en el fomento de una mirada crítica hacia los imaginarios y representaciones dominantes de familia, pareja, sexualidad y género. Por esta vía, se progresará hacia una mediación transformadora y una real práctica de competencias ciudadanas.

Desafíos

Este modelo supone el reto de construir una escuela que es vista como espacio democrático y participativo por cada una de las personas que la habitan. La gestión colectiva de los asuntos de derechos fomenta la construcción de una ética empática y solidaria. Ésta, a su vez, puede llevar a cambios vitales en la educación, la cultura y la sociedad. Es decir a esa ciudad mejor para todas y todos en donde se trascienda la postura correcta del respeto y la tolerancia y se llegue a una real integración de las diferencias en un proyecto de vida compartido.

Alejandro Jaramillo

Artista audiovisual. Ha trabajado en diversas iniciativas de comunicación para el cambio social. Investiga sobre la relación entre los medios masivos y el acontecer social. Escribe sobre temas de diversidad sexual y genérica.

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