¿Es usted macartista doctor Peñalosa?

4 septiembre, 2016 |

He escuchado varias historias de personas a las cuales se les ha negado la vinculación a alguna entidad de la administración de Bogotá por el hecho de haber trabajado con la administración durante el gobierno de Gustavo Petro y/o por haber puesto o retransmitido en sus redes sociales mensajes críticos o irónicos sobre el alcalde Enrique Peñalosa. Es perfectamente comprensible que el Alcalde Mayor no elija para secretarios de despacho, directores de establecimientos públicos o gerentes de empresas, a personas que no están de acuerdo con sus orientaciones políticas, o que no simpatizan con él, pero es abusivo, inmoral, ilegal e inconstitucional que se ponga en marcha una acción sistemática de discriminación, persecución y violación de la libertad de expresión y del derecho al trabajo, contra personas que aspiran o están en cargos o contratos de prestación de servicios como profesionales o técnicos sin funciones de dirección.

Macartismo: Conjunto de acciones emprendidas contra un grupo de personas por sus ideas políticas y sociales, generalmente progresistas. (Enlace)

Exigencia de certificado de sumisión ideológica

Parece que en la administración Peñalosa se está exigiendo la sumisión ideológica a las personas que aspiran a ocupar un cargo o empleo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, lo cual es ilegal. El artículo 1º de la Ley 190 de 1995 establece que el aspirante debe presentar el Formato Único de Hoja de Vida con información sobre formación académica, sobre experiencia laboral, sobre inhabilidades e incompatibilidades, además de los antecedentes penales y disciplinarios; debe registrarlo en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público e incluir además la Declaración de Bienes y Rentas. El artículo 6° de la Ley 610 determina que los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales. Posteriormente, mediante el artículo 93 del Decreto 19 de 2012, se eliminó el requisito de presentación de Certificado de Antecedentes Judiciales.

En ninguna norma dice que las entidades deben o pueden verificar las opiniones o posiciones personales de los aspirantes a cargos y a la celebración de contratos de prestación de servicios, en relación con el Alcalde y su gestión. Sin embargo, se cuenta que algunos funcionarios de Peñalosa le muestran a los aspirantes copias de sus páginas de facebook, twitter y otras redes, como razón para no proceder a la contratación y que incluso desde las Secretarías cabeza de sector se hace seguimiento y  se censuran procesos de contratación de las entidades adscritas y vinculadas, cuando no lo hacen sus directivos. Aún más, se cuenta que se ha llegado a presionar a entidades privadas y Organizaciones No Gubernamentales para que no contraten personas que estuvieron con la administración Petro.

Lo anterior implicaría que algunos funcionarios de Peñalosa realizan funciones que no están autorizadas en la ley y dedican recursos públicos para la comisión de estas prácticas ilegales. Se estarían extralimitando en el ejercicio de sus funciones.

 

El peña-macartismo

Negar el derecho al trabajo a personas que cumplen con todos los requisitos profesionales y legales porque son críticos de la persona del Alcalde es una mala práctica, un comportamiento innoble

Además de ser abiertamente ilegal, sería inmoral el comportamiento de los funcionarios de la administración y, obviamente, el del señor Alcalde que promueve o tolera estas prácticas. Negar el derecho al trabajo a personas que cumplen con todos los requisitos profesionales y legales porque son críticos de la persona del Alcalde es una mala práctica, un comportamiento innoble. Se podría pensar que es comprensible que lo haga alguien que mintió sistemáticamente sobre sus títulos profesionales o que sometió a la ciudad a un sistema insuficiente de transporte por su interés particular en la venta de buses, pero no es justificable. Sería una discriminación abierta y descarada a personas por sus ideas políticas y sus opiniones.

 

Violación de la Constitución

Las prácticas anteriores, en caso de estar ocurriendo, violan normas constitucionales. El artículo 13 de la Constitución establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, opinión política o filosófica. El artículo es claro: “todas las personas”. Ninguna persona debe ser discriminada por su opinión política.

El artículo 20 establece que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. La garantía de libertad implica, entre otras cosas, que no sea objeto de discriminación y represalias por expresar su pensamiento y opiniones. Pero parece que el doctor Peñalosa y algunos de sus funcionarios piensan lo contrario. Si un aspirante expresa y difunde su pensamiento y opiniones se le discriminaría laboralmente,  imagino que un funcionario o contratista actual será despedido o se le cancelará o no renovará el contrato por la misma razón. Es una clara violación del derecho a la libertad de expresión.

 

Atemorizar y acallar

Obviamente, el resultado de estas prácticas macartistas de la administración Peñalosa es atemorizar a las personas, acallarlas. El objetivo se estaría logrando. Algunas de las personas que me han comentado sobre estas situaciones en privado tienen miedo de decirlo en público o de poner una queja ante los órganos de control, además la discriminación se realiza en forma verbal. Un alcalde que presume de demócrata, estaría realizando acciones propias de un régimen totalitario e intolerante. En el marco de un proceso de paz y de reconciliación es preocupante que en Bogotá se consolide el peñamacartismo.

Por todo lo anterior, ¿en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución y la ley, le solicito doctor Peñalosa me informe si es cierto que en su administración se están realizando las prácticas señaladas? ¿Es una política decidida y dirigida por usted? ¿Es usted macartista?