¿El desmonte de la atención integral?

21 febrero, 2016 |

Según Diana Navarro Sanjuan, Directora de la Corporación Opción, que trabaja por los derechos de personas de los sectores sociales LGBTI en el barrio Santa Fe de la Localidad de Mártires, hay una preocupante situación de atención poblacional en el Distrito Capital: comedores comunitarios cerrados y contratos sin renovar a promotores sociales, son evidencia de una detención de las acciones de protección de la ciudadanía más vulnerable.

En esta entrevista, hablamos de situaciones  que las organizaciones civiles han tenido que atender puesto que hay una ausencia de la presencia estatal.

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Alejandro: ¿Qué ha cambiado desde el comienzo de la nueva administración  distrital?

Diana: Este año para las personas que hacemos parte de los sectores sociales LGBTI, se están presentado omisiones graves en la atención; como el caso del comedor comunitario Nutrir la diversidad, ubicado en el Centro de Atención a la Diversidad Sexual -CAIDS- zona centro, que lleva hoy cuatro días cerrado; ese comedor durante la gestión de Juan Florián como Subdirector de Asuntos LGBT en la Secretaría de Integración, nunca, ni un solo día, estuvo cerrado.

En el CAIDS- zona centro están trabajando solamente los vigilantes y algunos administrativos; sé que están la coordinadora del centro, una trabajadora social, un psicólogo y un apoyo administrativo, solamente cuatro personas.

A nivel general, muchos comedores comunitarios, en muchas partes de la ciudad están cerrados con la excusa  de que es por problemas logísticos pero la verdad es que están cerrados por temas de contratación, también es mentira que los estén fumigando.

No hay promotores que hagan acompañamiento a los casos; a mí me ha tocado hacer frente a muchas situaciones. Tuvimos el caso de una mujer transgénero con problemas de salud mental, que vino de Manizales, y me tocó comprar  toda la droga psiquiátrica que le formularon en el hospital Samper Mendoza porque no hay nadie que le haga una visita o acompañamiento; la subdirectora tuvo que ordenar que el psicólogo se trasladara para que hiciera acompañamiento porque no hay promotores. Los servicios están trabajando a medias.

Y lo que me contestaron del hogar de acogida es que la chica está recibiendo la atención en salud. Pero fue la Corporación que yo lidero la que la recogió y la llevó al hospital. Esto ya significa prácticamente un detrimento patrimonial porque a pesar de que se están haciendo  los procesos de validación de primaria y bachillerato y otras cosas, se está limitando la prestación de servicios por la falta de personal.

A nivel general, muchos comedores comunitarios, en muchas partes de la ciudad están cerrados con la excusa  de que es por problemas logísticos pero la verdad es que están cerrados por temas de contratación, también es mentira que los estén fumigando.

Hubo un anuncio del Secretario de salud de que van a cerrar los  hospitales de primer nivel, los llamados CAMI y los CAMAD, que son centros de atención a personas dependientes de sustancias psicoactivas. Las unidades  de planeación de atención en salud, también las van  a acabar.

Alejandro: Hablemos un poco más del CAIDS – zona centro

En ese Centro había un equipo muy bueno con promotores que se movían y hacían acompañamiento y conocían las realidades de la localidad y articulaban con otras localidades del centro: Santafé, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo… pero ahora con las cuatro personas que quedan no es suficiente; además, por limitaciones contractuales, no pueden hacer atención; esa atención personalizada y directa que había antes.

Por limitaciones contractuales, no pueden hacer atención; esa atención personalizada y directa que había antes.

Yo me enteré por la población que es cercana a mí, porque me preguntan si no les van a volver a dar el almuerzo. Algunos funcionarios me informan que el comedor se va a reabrir el lunes 22 de febrero. Lo grave es que un día con hambre es un factor que desestimula a las personas para participar en cualquier proceso.

 

Alejandro: ¿Cómo es el asunto del comité de reacción inmediata?

La propuesta de ese comité se realizó  entre la Personería de Bogotá y la Corporación Opción por todos los problemas que hay en la zona desde el 2010. En ese año comenzamos a trabajar.  Como empezamos a trabajar sobre la creación de una casa refugio para las personas de los sectores LGBT, la cual no se pudo hacer por un acuerdo del Concejo.

Pero el Comité está en una desarticulación  total con los operadores de justicia. Ahí hacen presencia algunas organizaciones pero no reaccionan con rapidez. Desde ayer se enteraron de la judicialización de una mujer transgénero, de Naomi: ella había denunciado un problema de agresión policial en varias ocasiones. Porque los policías se acercan a los cambuches de ellas allá en la carrilera, se los queman, las golpean… y un agente la acosó hasta que la logró judicializar. Estos son agresores y terminan acusando de agresión.  Son las mismas habitantes de calle las que me avisan a mí. El Comité ni siquiera está articulado con la Mesa de Casos Urgentes de Bogotá. Entonces las organizaciones civiles terminamos absorbiendo muchas cosas del Distrito, yo las trato de canalizar por la Mesa que es liderada ahora por la Fiscalía General de la Nación.

Alejandro: ¿Cuál es la obligación de la administración distrital en estos asuntos?

Deberían contratar a los promotores  que necesitan y dar herramientas a los centros para no subutilizar las instalaciones públicas como está sucediendo en este momento. El Estado colombiano intenta garantizar el ejercicio de derechos de las personas por intermedio de los servicios, del acceso a bienes y servicios, pero ese acceso presenta ahora barreras y la principal es la falta de contratación de personal que acompañe y haga seguimiento.

Las organizaciones y la sociedad civil tenemos una corresponsabilidad, pero el Estado no puede dejar en nuestras manos toda la responsabilidad de atención.

Alejandro: Decías que esta administración se excusa en el desorden que le dejó la Alcaldía anterior: ¿Cómo ves este argumento?

Es que al exalcalde Gustavo Petro le echan la culpa de todo, pero él dejó formulado un presupuesto. El problema no es la cantidad de plata que se tiene sino cómo se optimiza esa cantidad y se utiliza para dar vía a los servicios y obligaciones con la sociedad civil. Esta optimización no se logra porque no se hace la gestión social integral. No se articulan entre instituciones.

Las organizaciones y la sociedad civil tenemos una corresponsabilidad, pero el Estado no puede dejar en nuestras manos toda la responsabilidad de atención.

Entonces no es posible decir que la alcaldía anterior tiene la culpa. Dicen que no se puede ver resultados en 51 días, pero yo creo que esto evidencia que sus planes se orientan a otras prioridades y que no tienen voluntad para solucionar los problemas y cambiar las estrategias. Esa es la situación que, repito, me parece tan preocupante para la ciudad.

 

Alejandro Jaramillo

Artista audiovisual. Ha trabajado en diversas iniciativas de comunicación para el cambio social. Investiga sobre la relación entre los medios masivos y el acontecer social. Escribe sobre temas de diversidad sexual y genérica.

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