Cuando el clasismo se viste de espacio público

5 octubre, 2018 |

Uno de los temas que más ha generado polémica en la administración de Enrique Peñalosa ha sido su visión sobre lxs vendedores ambulantes, el desalojo en distintas zonas de Bogotá, se ha atado a su estrategia de seguridad, donde uno de los elementos es la recuperación del espacio público.

Surgen una pregunta: recuperarlo de ¿Quién? La administración Peñalosa plantea que quienes han invadido el espacio público son lxs vendedores ambulantes, quienes en su intento por conseguir los ingresos para sobrevivir, son además, según la administración, uno de los focos de inseguridad en la ciudad.

Esta lectura parte de una premisa falaz, los vendedores invaden el espacio público, es decir parte de una idea de propiedad privada para definir algo que por esencia no pertenece a nadie, sino que es el resultado de las relaciones sociales que se generan en la ciudad, es decir, los vendedores ambulantes son un producto de la estructura socio-económica de la ciudad, donde el espacio es una representación de esta estructura.

Además de esto, la pregunta sobre quiénes, que interacciones y cómo se debe organizar el espacio están ausentes en los planes de “recuperación” y “mantenimiento” del espacio público, donde el elemento de participación dentro de la formulación e implementación de las políticas en este campo de acción del Distrito brilla por su ausencia, esto se evidencia en el Plan Estratégico 2016-2020 de la Defensoría del Espacio Público https://bit.ly/2LEJnFK. Es decir la falta del componente de participación en las políticas públicas, revela un carácter autoritario a la hora de decidir cómo organizar el espacio público de la ciudad.

Esta falta de debate democrático acerca del uso del espacio público produce que las definiciones están determinadas por prejuicios elitistas, poco ajustados a las realidades de la ciudad, y desconectados de los actores que interactúan en él, produciendo que se ejerza la fuerza del Estado contra una de las poblaciones más vulnerables dentro de la estructura social de la ciudad.

Además este enfoque que securitiza el ordenamiento territorial, situando la amenaza en lxs vendedores ambulantes quienes salen a buscar su sustento al sol y al agua, literalmente, genera por un lado una pérdida de legitimidad institucional para el factor operativo de esta decisión (principalmente la policía) y por otro multiplica las causas objetivas de la violencia, situando a lxs vendedores desalojados, en riesgo de caer en situaciones de pobreza o pobreza extrema.

Estas medidas de uso de la fuerza intentan ser legitimadas argumentando la estructuración de programas para la generación de ingresos para los vendedores ambulantes, ejecutados por el Instituto para la Economía Socia (IPES), sin embargo las metas de estos programas no llegan a impactar el 5% de la población de vendedores ambulantes https://bit.ly/2KS3jFn, que según el DANE rondan las 100.000 personas, es decir incluso cumpliendo en un 100% las metas propuestas por la alcaldía, los planes de generación de ingresos para los vendedores tienen cifras irrisorias.

Esto demuestra la perversidad del enfoque elitista de la administración de Enrique Peñalosa en torno a los vendedores ambulantes, es además una muestra de aporofobia, por quienes luchan por un mínimo vital, que son producto de la estructura económica que no les permite ejercer una actividad económica en unas condiciones con mayores garantías de ingresos, en condiciones dignas, con un sistema de seguridad social que los proteja y en el marco de una estructura económica profundamente excluyente en especial con las personas de avanzada edad.

Los caminos para generar soluciones en torno al tema de lxs vendedores, parten principalmente por entender las causas estructurales que generan esta condición extrema de actividad económica, incluyéndolxs en las estructuración del espacio, entendiendo que son actores del mismo, construyendo con ellxs y demás actores una política que permita generar debates sobre las condiciones de regulación del espacio, al tiempo que se construye un tejido económico incluyente, solidario y sostenible en el tiempo.